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A Yolanda Diaz sigue sin gustarle la operación Saudi en Telefónica.

Yolanda Díaz propone reforzar el control del Estado en Telefónica y Celsa ante intereses extranjeros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha planteado la necesidad de reforzar el control del Estado en empresas estratégicas como Telefónica y Celsa, con el objetivo de contrarrestar los intereses extranjeros que puedan afectar a estas compañías.

Durante una reunión con el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Díaz ha destacado la importancia de proteger los intereses nacionales frente a la entrada de inversores de otros países. En este sentido, ha mencionado la reciente venta de parte del capital de Telefónica a inversores saudíes y la adquisición de la empresa Celsa por fondos acreedores liderados por Deutsche Bank Anchorage, Capital Group y Attesor Capital.

En el caso de Telefónica, al ser una empresa relacionada con el área de defensa, el Gobierno tiene la capacidad de reducir el umbral del escudo 'antiopas' al 5% de capital, en lugar del 10% habitual. Por su parte, la adquisición de Celsa por parte de los acreedores requiere de la autorización del Consejo de Ministros.

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Ante estas situaciones, Yolanda Díaz ha propuesto fortalecer "legalmente" el escudo 'antiopas', una medida temporal implementada durante la pandemia, y aumentar la participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en empresas estratégicas a través de adquisiciones de control.

Además del escudo 'antiopas', Díaz ha resaltado la importancia de desplegar la 'golden share' o 'acción de oro', que permitiría al Gobierno tener la última palabra en decisiones clave del consejo de administración de empresas estratégicas. Esta medida busca garantizar que los intereses nacionales y las consideraciones de seguridad sean tenidas en cuenta.

En resumen, Yolanda Díaz propone reforzar el control del Estado en empresas como Telefónica y Celsa para contrarrestar los intereses extranjeros que puedan afectar a la economía y seguridad del país. Esta medida se plantea ante la entrada de inversores de otros países en compañías estratégicas, y busca proteger los intereses nacionales y garantizar la soberanía economía.