¿Para qué sirve una diputación?

Nadie dijo que alcanzar un acuerdo de investidura fuera fácil. Especialmente entre partidos de diferente signo político como PSOE (izquierda) y Ciudadanos (derecha). Pero el punto más espinoso del acuerdo es la posible eliminación de las diputaciones provinciales. A la propuesta de Ciudadanos para suprimir estos entes, el PSOE respondió con la idea de sustituirlas por consejos de alcaldes. A falta de concretar cómo se organiza finalmente, conviene analizar qué papel juegan y que supondría su desaparición.

¿Qué supondría su desaparición?

Para la gran mayoría de los españoles poco o nada. Como prueba que PSOE y Ciudadanos estén barajando suprimirlas. Pero las diputaciones son necesarias para los municipios de menos de 20.000 habitantes, algo más de 7.700 en toda España según el último censo. A muchos de ellos las diputaciones estos se les prestan servicios de secretaría e intervención, tratamiento de residuos si los pueblos no lo garantizan por sus medios, extinción de incendios…

¿Qué origen tienen?

Previstas en el artículo 141 de la Constitución y a punto de cumplir 200 años, estas instituciones ejercen una labor de la que nadie dudaba en su origen: la prestación de servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos. Pero, pasado el tiempo, nadie pensó en adecuarlas cuando se redactó la vigente Constitución, como tampoco se tuvo en cuenta la capacidad expansiva del sistema autonómico que la Constitución preveía. Y existe una consecuencia palmaria: Al estar concebidas como ente local, se han quedado en una especie de tierra de nadie, política y competencialmente.

¿Qué papel juegan?

Las diputaciones provinciales tienen dificultad para justificar políticamente su existencia. Especialmente cuando el espacio entre el municipio y el Estado ya está ocupado por las autonomías, con una legitimidad democrática mayor que la que proporciona la elección indirecta de las diputaciones. Así lo recoge la Justicia. La duplicidad de competencias ha obligado en más de una ocasión al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre leyes autonómicas reguladoras de la función local en cuanto afectaban sustancialmente a las competencias de las diputaciones.

¿Qué pasará en aquellos municipios que dependen de las diputaciones?

El plan de PSOE y Ciudadanos pasa por crear una especie de consejos provinciales de alcaldes con el objetivo de coordinar las políticas locales. Y, para lo demás, se potenciarán las mancomunidades municipales.

¿Afectaría al reparto de poder?

La creación de nuevos instrumentos de coordinación que sustituyan a las diputaciones provinciales haría que las comunidades autónomas pudieran asumir sus competencias, lo cual podría alterar el equilibrio de poderes en muchas regiones en las que el poder autonómico es de un partido y el provincial, de otro.

¿Qué partido político perdería más fuerza con su desaparición?

Si se borraran de un plumazo todas las diputaciones, los partidos que perderían más poder serían el PSOE, que gobierna en 18, el PP, que lo hace 15. Por detrás vendrían a mucha distancia Convergencia Democrática -4- y PNV -3-.

¿A cuántos trabajadores afectaría?

Si hacemos caso a los datos facilitados por Cristóbal Montoro a finales del año pasado, entre diputaciones, cabildos y consejos hay un total de 62.159 trabajadores -menos de la mitad funcionarios y el resto, contratados-. El número de despedidos es, por tanto, bastante elevado. Pero hay que reconocer que apenas mueve la aguja si se contraponen las cifras con el total de personas que trabajan en las administraciones públicas ya que esos 62.519 solamente representan el 2,4% del total.

¿Cuánto dinero se ahorrarían los españoles?

De nuevo, citando al BOE, el Gobierno destina anualmente 25.546 millones de euros para diputaciones, cabildos y consejos. Algo más de lo que supuso el rescate a Bankia cifrado en algo más de 22.000 millones de euros.

¿Saldría a coste cero?

Además de las indemnizaciones por despido, el Gobierno tendría que hacerse cargo de su deuda. Porque a pesar de ser las administraciones menos endeudadas en toda España, arrastran impagos por valor de 6.542 millones de euros.