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El último giro del Gobierno con la retirada de la Guardia Civil de Navarra puede salirle muy caro

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante un pleno en el Senado este 22 de noviembre. (Foto: Alejandro Martinez Velez / Europa Press / Getty Images).
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante un pleno en el Senado este 22 de noviembre. (Foto: Alejandro Martinez Velez / Europa Press / Getty Images). (Europa Press News via Getty Images)

El día límite para celebrar las próximas elecciones generales es el 10 de diciembre de 2023, aunque el presidente del Gobierno tiene la potestad para elegir la fecha definitiva e incluso adelantar los comicios. La intención del ejecutivo formado por PSOE y Unidas Podemos, no obstante, es agotar la legislatura y por ello se ha estado centrando en los últimos meses en atar los Presupuestos Generales del Estado negociando con los distintos partidos del Congreso de los Diputados.

El Gobierno se ha garantizado ya la aprobación de las cuentas, pero el coste a pagar puede ser demasiado caro porque algunos de los acuerdos alcanzados con los partidos nacionalistas e independentistas no son vistos con buenos ojos en el conjunto de España.

Las encuestas más recientes dan como favorito al Partido Popular de cara a las generales del próximo año, aunque la distancia con el PSOE es mínima. Los socialistas esperan remontar en los últimos meses, pero estos acuerdos con nacionalistas e independentistas pueden ser su sentencia definitiva.

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El último acuerdo lo ha alcanzado con Bildu. El Gobierno ha acordado con la formación abertzle retirar a la Guardia Civil las competencias de Tráfico y Seguridad Vial en la comunidad foral de Navarra, una medida que afectará directamente a 220 agentes de la benemérita, que deberán abandonar la región en los próximos cinco meses.

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en un control. (Foto: Alejandro Martinez Velez / Europa Press / Getty Images).
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en un control. (Foto: Alejandro Martinez Velez / Europa Press / Getty Images). (Europa Press News via Getty Images)

La decisión ya ha recibido críticas tanto de la oposición como de la propia Guardia Civil y es probable que no sea entendida por buena parte de la sociedad española. Ya pasó lo propio cuando el Gobierno anunció la reforma del delito de sedición, que será sustituido por otro llamado desórdenes públicos agravados y la pena máxima se reducirá de 15 a cinco años de prisión. Pedro Sánchez ya había prometido la reforma, pero la precipitó para alcanzar un acuerdo con ERC de cara a los Presupuestos.

Sánchez saludando a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, en La Moncloa. (Foto: Alberto Ortega / Europa Press / Getty Images).
Sánchez saludando a Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, en La Moncloa. (Foto: Alberto Ortega / Europa Press / Getty Images). (Europa Press News via Getty Images)

También se está estudiando una posible reforma del delito de malversación en el Código Penal, otra petición de ERC y que ha recibido multitud de críticas. En el PP señalaron además que la idea de Sánchez es beneficiar a José Antonio Griñán y a otros dirigentes socialistas condenados por el caso ERE.

José Antonio Griñán, expresidente de Andalucía. (Foto: Cristina Quicler / AFP / Getty Images).
José Antonio Griñán, expresidente de Andalucía. (Foto: Cristina Quicler / AFP / Getty Images). (CRISTINA QUICLER via Getty Images)

De momento, esta posible reforma está generando discrepancias entre los socios del ejecutivo, ya que Unidas Podemos no está de acuerdo, y otros partidos como PNV, Bildu o Más País muestran cautela.

Todas estas medidas tomadas con el claro objetivo de, a corto plazo, aprobar los Presupuestos, le permitirán en principio agotar la legislatura, pero a la larga pueden tener consecuencias catastróficas de cara a las generales.

Estas decisiones, además, no solo pueden pasarle factura a nivel nacional al PSOE y de paso también a Unidas Podemos. Hay que recordar que en 2023 se celebrarán igualmente elecciones municipales y autonómicas en 13 comunidades (todas excepto Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco).

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