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¿Plagio legal? El creciente y lucrativo negocio de fabricar trabajos para estudiantes

Hace unos meses, surgió un escándalo en el sector de la educación universitaria en Estados Unidos. Varias celebridades, aprovechando la fortuna ‘que viene con la fama’, contrataron los servicios de The Key, una compañía que se dedicaba a garantizar la admisión de sus hijos en las universidades más prestigiosas del país. Los métodos que se empleaban incluían sobornar a los supervisores de los exámenes estandarizados o de admisión para que un empleado hiciese el examen en el lugar del estudiante, o sobornar a los entrenadores para que aceptaran un estudiante en base a sus méritos atléticos, entre otros. El CEO de esta compañía, William Rick Singer, ha operado de esta manera por lo menos 20 años y, con semejante clientela, se estima que ha recibido más de 25 millones de dólares. Se espera que se le condene a unos 65 años en prisión.

España, desgraciadamente, también presenta casos de fraude de alto perfil en el sector educativo. El año pasado, los españoles nos sorprendimos con el Caso Cifuentes, en el que la política fue acusada de haber obtenido su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsificadas. Aunque no dimitió por ello, terminó dejando el cargo tras la gota que colmó el vaso en el ennegrecimiento de su imagen personal: un vídeo de ella robando en un híper. Para más inri, éste sólo fue uno de los varios casos de esta índole que se investigaron en el 2018. Aun en los casos en los que los acusados no sufrieron repercusiones legales, las instituciones de educación superior sufrieron gravemente en términos de su reputación.

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Estudiante Foto: Getty

Hoy en día, existen plataformas como TurnItIn, empleadas para que los estudiantes cuelguen sus trabajos de fin de grado (conocidos como TFGs) o de fin de master (TFMs) y trabajos prácticos online para que los ‘revisores’ los puedan corregir. Adicionalmente, el servicio también cuenta con un software de revisión muy sofisticado, capaz de identificar el contenido no-original. Es decir, es un detector (y, por tanto, también disuasor) de plagio. Pero como es de esperar, se han ingeniado maneras de eludir este sistema también.

Una forma de fraude estudiantil que está muy de moda es el recurrir a ‘fábricas de trabajos universitarios o TFG’, en las que un estudiante paga a un tercero para recibir un ensayo personalizado. Un texto de 1.000 palabras puede llegar a costar unos 130 euros, con lo que estas ‘fábricas’, las cuales a menudo se inician como individuos, llegan a recaudar 135.000 euros al año. Una disertación de 10.000 palabras ronda los miles de euros. Para un estudiante (o grupo de estudiantes) con excelente desempeño académico pero pocos escrúpulos, iniciar una de estas fábricas puede ser un negocio extremadamente lucrativo.

La ‘trampa’

Y no es, técnicamente, fraude. El servicio se basa en la premisa de que el trabajo encomendado es sólo para ‘consulta’. De esta manera, los redactores se lavan las manos, ya que, si el estudiante-cliente se lo entrega al profesor, no está siguiendo el uso indicado del servicio. Al fin y al cabo, ¿en qué medida se diferencian de las guías de estudio que pagas online? Efectivamente, es una laguna legal y, para varias instituciones educacionales, administrativa. No siempre es fácil de detectar (se estima que sólo un 5-10% de los clientes lo entregan sin editarlo lo suficiente) y se calcula que, globalmente, uno de cada siete estudiantes recurre a estos servicios, cifra que probablemente aumentará a medida que los desarrollos en tecnología vayan mejorando.

La publicidad online y en las redes sociales es una herramienta muy útil para estas fabricas de trabajos, ya que el algoritmo publicitario presentará publicidad del servicio con frases como ‘100% libre de plagio’ justamente a aquellos estudiantes que busquen ayuda académica por Google. Y ofrecerán garantías, tales como ‘servicio personalizado’ o ‘totalmente legítimo’ con lo que los proveedores ofrecen una alternativa atractiva.

El fraude estudiantil es grave y preocupante. Nadie quiere ser atendido por un médico que no llevó a cabo sus estudios, ni defendido por un abogado que no se graduó por sus propios méritos. Y por supuesto, tampoco gobernado por gente que recurre a estas prácticas deshonestas. Son medidas que algunas personas con capacidad económica se pueden dar, un síntoma más del privilegio. ¿Cómo se podría solucionar el problema? Hay quienes aseguran que se está desarrollando inteligencia artificial capaz de detectar el estilo de escritura individual de la gente, siendo, por tanto, capaz también de identificar una entrega de un trabajo ajeno.

Actualmente, son pocos los países que cuentan con legislación explícitamente en contra de las fábricas de trabajos: Incluso, por ejemplo, son legales en el Reino Unido. Por otro lado, las plataformas que ofrecen publicidad online evidentemente no están haciendo lo suficiente para evitar la distribución de la oferta: Google no las bloquea globalmente y Facebook no las bloquea en absoluto. Las fábricas de trabajos universitarios se refugian en sus términos y condiciones, pero ya es hora de que dejen de fingir que son una manera honesta de ayudar a los estudiantes.

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