Yahoo Finanzas El mercado negro del reparto de comida a domicilio revive por el coronavirus
El negocio del reparto de comida a domicilio lleva años en auge. Según los últimos datos aportados por Just Eat, el mercado del reparto de comida a domicilio aportó a la economía española unos 2.420 millones de euros en 2019. El confinamiento aceleró enormemente este fenómeno: ante la prohibición de salir de casa nada más que para lo esencial, y los restaurantes que disponían de servicio a domicilio vieron aumentar sus pedidos entre un 40% y un 50%.
Otros restaurantes implantaron esta modalidad por primera vez este año, que les permitió mantener cierto nivel de ingresos durante los momentos más difíciles de la pandemia. Ahora, en plena segunda ola de contagios, la hostelería vuelve a cerrar. Andalucía ya ha anunciado el cierre de toda la actividad no esencial a partir de las seis de la tarde y cada vez más comunidades están endureciendo las restricciones. Un duro golpe a la hostelería, sin duda.
De todos es sabido que el mercado ‘rider’ no se caracteriza por su integridad o sus buenas condiciones laborales. En algunas ocasiones, los repartidores deben recurrir a una especie de “mercado negro de horas” para trabajar más tiempo del que permiten las aplicaciones con las que operan. Este mercado está dirigido por auténticas mafias que venden horas a todos aquellos desesperados por trabajar. Para ello, utilizan ‘bots’ capaces de manipular el sistema y de revenderlas por Internet. Así, la ‘app’ de la empresa de reparto a domicilio es engañada a la hora de verificar que el trabajador está haciendo más horas de las que realmente hace para conseguir una mayor retribución.
Trabajadores del sector afirman que se trata de casos aislados, pero no por ello deja de ser intolerable. Además, este mercado negro podría crecer como consecuencia de las restricciones impuestas durante la segunda ola de COVID, con miles de trabajadores en ERTE o en paro. Esto ha llevado a las empresas de delivery a definir un protocolo de seguridad de las cuentas que permite identificar la identidad del repartidor de forma más precisa.
El sector reclama regulación y alternativas sostenibles
Desde 2019, la Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a un total de 11.013 trabajadores de Glovo como respuesta a las denuncias de las principales organizaciones sindicales. El pasado mes de octubre, Gobierno, sindicatos y empresarios acordaron abordar la conocida ley de los ‘riders’ en una mesa de diálogo. Aun así, esta mesa no se ceñía solo a este tipo de trabajadores, sino que abarcaba a todos los falsos autónomos, a fin de establecer una regulación para evitar el fraude laboral a través de las plataformas digitales.
El objetivo es garantizar los derechos, tanto individuales como colectivos, a todos los trabajadores que desarrollan su actividad a través de las plataformas online y que presentan los elementos definitorios de una relación laboral. Con esta legislación, el Ejecutivo quiere dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que reconoció que la relación entre un repartidor y la empresa Glovo tenía naturaleza laboral.
Algo que no todo el mundo conoce es que cada vez hay más alternativas a las grandes compañías de delivery. Para hacer frente a la precariedad existente en el sector, repartidores de comida a domicilio de toda España han fundado cooperativas para buscar relaciones laborales más justas. Estas sociedades aún cuentan con poco volumen de mercado, pero responden a la necesidad de crear una opción ética en el mercado de comida. No solo son más justas con los empleados, sino también con los establecimientos con los que colabora. Contratar a pequeñas empresas resulta mucho más rentable en la mayoría de los casos, ya que el porcentaje de facturación o las cuotas mensuales son mucho inferiores.
Lo que está claro es que la cultura de la inmediatez y de la comodidad que caracteriza a la sociedad en la que vivimos hoy en día va a seguir fomentando el crecimiento del reparto a domicilio. Por tanto, estos cambios en el mercado tienen que ir acompañados de cambios en la regulación, para convertir esta actividad en una profesión digna, sostenible y respetuosa con los derechos del trabajador.
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