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La cara oculta del incremento del salario mínimo

Jaime Quirós.- La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de un 4% en 2018 pactada entre gobierno, patronal y sindicatos y que incluye nuevos aumentos hasta alcanzar los 850 euros en 2020 ayuda a convencer a los españoles de la recuperación económica pero puede destruir empleo y dar rienda suelta a la temporalidad. El SMI es también la referencia básica para determinar partidas, como el anticipo de cantidades en sentencias, pensiones compensatorias y las bases mínimas de cotización.

De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, que regula el embargo de sueldos por multas o sanciones, por ejemplo, son inembargables los ingresos que no excedan de la cuantía señalada para el SMI. Su aumento implica que, en el caso de que tengas un embargo, probablemente el importe mensual que te retendrán será inferior al de este año.

Si miramos la última Encuesta de Población Activa (EPA), parece que la mejora del salario mínimo no ha afectado a la creación de empleo. Según datos del INE, de los 236.000 nuevos empleos creados en el tercer trimestre, casi 150.000, eran temporales. Hoy por hoy hay casi 16 millones de asalariados y más de 4,3 millones tienen contrato temporal. Para encontrar una cifra mayor de empleados temporales hay que remontarse al cuarto trimestre de 2008, en plena crisis.

[También de interés: ¿Qué pasaría si los supermercdos pusieran los precios más altos en los barrios ricos?]

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañado por la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez; los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo (2i) y Pepe Álvarez (i); y los presidentes de CEOE, Juan Rosell (2d), y Cepyme, Antonio Garamendi (d), durante la firma del acuerdo social para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). EFE/Ballesteros

En España usamos dos referencias para hablar del poder adquisitivo: el SMI y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El primero ha pasado de 570,6 euros mensuales en 2007 a 707,6 este año, mientras que el IPREM apenas ha variado (de 499,2 euros a 532,5 euros) y ha relegado al SMI a indicador para cuestiones del ámbito laboral y profesional.

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El salario mínimo sirve para establecer los límites de algunas prestaciones. Por ejemplo, la Renta máxima de acceso al subsidio y la Renta Activa de Inserción (RAI) se establecen en un 75% del SMI. Su aumento dará oportunidades a más familias, pero aumentará también el gasto público.

También es la referencia para compensaciones en caso de separación. De forma que la mujer (normalmente) percibirá una pensión mayor por dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar, si el SMI sube.

En principio, el salario mínimo protege a los trabajadores de recibir salarios indebidamente bajos y sirve para elaborar políticas públicas contra la desigualdad salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Pero no siempre. Paradójicamente podemos discriminar a trabajadores cuya productividad marginal esté por debajo del salario mínimo. Con dos consecuencias: se fomenta el mercado negro de trabajo y se condena al trabajador al desempleo y la marginalidad, ya que no tiene sentido contratar a alguien cuya aportación marginal es inferior a la remunerada.

Según la última Encuesta de Estructura Salarial, que elabora Estadística, el 12,62% de los trabajadores en España obtiene anualmente unos ingresos inferiores a una vez el SMI. El salario mínimo impacta negativamente sobre los trabajadores de baja cualificación, los inmigrantes y los que no llegan. Para quienes el SMI sólo existe en las noticias, la subida no soluciona su precariedad.

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