Yahoo Finanzas Las claves del ingreso mínimo vital pactado por el Gobierno
El Gobierno sigue elaborando el decreto ley que regulará el ingreso mínimo vital (IMV) que se aprobará en el último Consejo de Ministros de mayo. Ya hay consenso sobre la cuantía, que será de 462 euros por persona, con un máximo de 1.015 por unidad familiar.
Además, hay otros aspectos que se están perfilando. Primero, el Gobierno ha decidido que esta ayuda no estará vinculada la búsqueda activa de empleo, que seguirá en manos de las comunidades autónomas a través de las políticas activas. Es decir, se podrá percibir independientemente de si se está buscando trabajo o no. En segundo lugar, la primera vivienda quedará exenta del cómputo de bienes y patrimonio con el que se decidirá la concesión de la renta mínima vital para los hogares más desfavorecidos.
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Aún así, todavía quedan cabos por atar, como quién va a gestionarlo. Lo más probable es que sea la Seguridad Social, que podrá llegar a convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas para facilitar el acceso a todo el que lo precise. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha aclarado que esta ayuda buscará llegar solo a aquellas familias realmente vulnerables, por lo que incluirá un ‘test’ de riqueza neta que medirá no solo las rentas percibidas por sus miembros, sino también otros aspectos; por ejemplo, si el hogar en cuestión tiene activos inmobiliarios.
El objetivo es garantizar que no haya ningún hogar sin recursos
El Ingreso Mínimo Vital ya era una de las medidas del pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos firmado el pasado diciembre por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, pero la crisis económica y social provocada por la pandemia por coronavirus ha acelerado la implantación de esta medida. La idea es que esta propuesta genere una red de seguridad para todas las personas que se están quedando fuera de los ERTE y los subsidios por desempleo estos días. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, apuntó que al haber personas que por su situación laboral o por la ausencia de un trabajo estable, no están cubiertas por ninguna clase de prestación, y que “ahí es donde hay que priorizar el esfuerzo”
Iglesias explicó la semana pasada en el Senado que el sistema actual en relación a las prestaciones y rentas de inserción “se ha ido conformando a nivel autonómico de manera descoordinada y generando desequilibrios a nivel territorial”. Según el vicepresidente, estas prestaciones han tenido “bajos niveles de cobertura” y requieren aspectos complementarios a la simple falta de ingresos, lo que termina por excluir del acceso a estas rentas a muchas personas que realmente se encuentran en situación de necesidad.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones calcula que la ayuda, de periodicidad mensual, podría dar cobertura a cerca de un millón de familias en dificultades económicas y que el coste para las arcas públicas estará entre los 3.000 y los 3.500 millones de euros. Escrivá explicó que los potenciales beneficiaros a los que no se les conceda la ayuda automáticamente podrán solicitarla “de manera ágil” y que se tratará de tramitar lo antes posible para acelerar su percepción, aunque todo dependerá del ritmo y del volumen de peticiones.
La medida situará a España en vanguardia en materia de políticas sociales en Europa e inlcuso en el muno. Pero ojo porque habrá que ver cómo se puede financiar en un contexto económico recesivo y de gasto público desbocado y qué niveles de fraude y desmovilización de cierta población activa provocará.
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