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¿Se está jugando Ryanair su futuro en España?

El llamado 'caso Ryanair' crece desde el pasado mes de agosto en España. Se trata de una sucesión de incidentes de seguridad y procedimientos discutibles en su relación con los viajeros de una compañía muy competitiva en precio, con un servicio razonable pero con unas señas de identidad marcadamente polémicas. Aunque bien podía haberse pensado que era un culebrón informativo de verano, la polémica, sin embargo, prosigue y se agudiza.

La percepción de que la empresa que preside el peculiar Michael O'Leary opera al límite de la normativa para ahorrar se ha acentuado de tal manera tras esos incidentes, entre los que se incluyen varios aterrizajes de emergencia por ir al límite del combustible, que ha desatado cierto revuelo social y también las alarmas dentro del Gobierno. Al mismo tiempo, es posible que esa polémica se haya visto con alivio desde los cuarteles generales de las aerolíneas competidoras en España, que sufren el implacable crecimiento de la empresa irlandesa en un mercado claramente en contracción.

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El Ministerio de Fomento ha dado un paso al frente y, tras recordar que se han abierto expedientes a la aerolínea, advierte de que "nunca se permitirá que haya 'low security'". Y la reacción no ha quedado ahí. La ministra Ana Pastor ha anunciado que "va a endurecerse" el régimen sancionador de la Ley de Seguridad Aérea en el marco de una modificación de la norma en la que trabaja su departamento y para la que está manteniendo conversaciones con autoridades europeas. La aerolínea de bajo coste, por su parte, tras ver exhaustivas informaciones en los medios sobre los últimos incidentes en España, acusa al Ministerio de "filtrar" datos falsos que ponen en duda la seguridad de sus vuelos y de participar en una "campaña para manchar su buen nombre".

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El objetivo del Gobierno con ese cambio legal es lograr mayores competencias para actuar contra cualquier compañía extranjera que tenga un gran volumen de tráfico en España. Pero estamos en un mercado único, la soberanía está transferida a Bruselas en muchas materias y este tema no es tan fácil.

Es decir, que las autoridades españolas podrán poner multas a Ryanair por incumplir la normativa española sobre equipaje o sobre la documentación que exige para viajar a los niños, pero no puede revocarle la licencia en ningún caso. Solo Irlanda puede cortarle las alas por ser el país que le ha dado la licencia para volar y que por tanto es el competente en este caso

Y mientras tanto, la actividad de Ryanair parece inmune a la polémica. El gigante 'low cost', la principal aerolínea por volumen de pasajeros en España, ha aumentado un 2,3% su cifra de viajeros en el país entre enero y agosto, hasta alcanzar los 20,16 millones de clientes, mientras el mercado ha caído el 4%. Pese al tirón de orejas recibido por la aerolínea desde el Gobierno, el precio de los billetes parece vacunar a Ryanair contra la polémica.

@Jorcha