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Lo último para ahorrar: la duración de las bajas laborales se determinará por decreto

El Gobierno ha decidido cortar por lo sano. Con un Real Decreto sobre incapacidad temporal que pretende acabar con el absentismo y el fraude en las bajas utilizando tablas estadísticas que arrojen datos sobre la duración media de las bajas por enfermedad en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador. Con esta referencia, se determinará la duración adecuada de las bajas.

Parece un método un tanto peregrino para delimita lo que dura una enfermedad, porque cada persona es un mundo, pero será una referencia clave para iniciar inspecciones y para que las mutuas desarrollen su trabajo de policía y control. La cobertura de las bajas cuesta miles de millones de euros al año a las arcas del Estado, porque es el que paga al trabajador a partir de los cuatro primeros días de baja y también cuesta mucho dinero a las empresas en esos días iniciales. La amenaza que supone disponer de un plazo de referencia tipo persigue reducir las ausencias al trabajo, que ahora se sitúan en una media de 11 días al año por trabajador.

En cada parte de baja emitido por el médico aparecerá la cifra estimada de los días que, en términos medios, se prolonga el periodo de incapacidad en cada tipo de enfermedad. Es la principal novedad que incluye el Real Decreto sobre incapacidad temporal (IT) que antes de verano aprobará el Consejo de Ministros y cuyo fin último es poner coto a las ausencias injustificadas del trabajo, una amenaza histórica en España para la productividad y competitividad de las empresas.

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La idea es que dichas tablas plasmen la duración media tipo de los distintos procesos patológicos y su incidencia en las actividades laborales. Esa cifra de duración de la baja será orientativa y será un elemento objetivo más para aumentar la capacidad de control sobre el trabajador y los médicos.

Las mutuas aumentan también sus competencias sobre el control de las bajas y pasarán a hacer un seguimiento desde el primer día y pedirán el alta cuando lo consideren oportuno, aunque el servicio público de salud tendrá siempre la última palabra al respecto.

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La capacidad de control e inspección se apoyará también en las nuevas tecnologías que permiten el intercambio de datos para el control de la incapacidad temporal entre las distintas entidades y las instancias implicadas en la gestión de los procesos de incapacidad temporal.

En 2013, último año completo, se registraron un promedio de 262.345 bajas por incapacidad temporal en media mensual, un dato que contrasta con los 483.011 procesos de finales de 2007, según detalla ABC. Esto quiere decir que durante la crisis las bajas laborales se redujeron un 45,6%.

Pero si se analizan los datos de 2014 hasta abril y se comparan con el cierre de 2013 la tendencia es inversa. Los procesos de baja registrado durante este año ascienden a 330.427 de media al mes, un 25% más que en 2013, según reflejan los datos oficiales.

La reforma laboral ya intentó acotar el problema al fijar como causa de despido procedente, con una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades, los casos de faltas de asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

El coste directo de este absentismo por prestaciones, complementos, mejoras y cotizaciones en favor de los trabajadores, superó los 8.000 millones en 2010. Las mutuas pagaron ese año 3.371 millones en prestaciones. Las entidades gestoras de la Seguridad Social asumieron unos 2.600 millones, y el coste con cargo directo a los empresarios ascendió a 2.100 millones.

Esta nueva medida para paliar este problema vuelve a ser tosca y podrían pagar justos por pecadores. Es decir, que por el fraude de algunos, haya personas enfermas que se vean forzadas a trabajar en objetivamente malas condiciones de salud.

IDNet Noticias
@Jorchca