El nuevo golpe a la nónima: vales de comida, plus de transporte y otros beneficios sociales tributarán

El Gobierno que más ha subido los impuestos en la historia democrática de este país sigue batiendo récords. No sólo ha elevado y creado decenas de impuestos y ha incumplido la promesa lanzada en 2012 de devolver a su sitio los tipos de gravamen del impuesto de la renta este mismo año, sino que ahora acaba de asestar un nuevo y duro golpe a la nómina de los trabajadores y a los resultados de las empresas por la vía de incrementar lo que se paga por cotizaciones sociales a la Seguridad Social a través de la nómina.

Sabedor del malestar que iba a provocar una medida de este tipo, el cambio legislativo que ha requerido esta reforma se ha realizado con nocturnidad y alevosía, con una total falta de transparencia por parte del equipo de Mariano Rajoy. El Gobierno evitó anunciarlo públicamente y se limitó a publicarlo en el Boletín Oficial del Estado el pasado 20 de diciembre, antes justo de las fiestas de Navidad.

El nuevo golpe al bolsillo, que ha entrado en vigor el día 22 de diciembre y afecta ya a las nóminas de ese mes, consiste en gravar con cotizaciones los beneficios sociales otorgados como pluses y que hasta ahora estaban exentos (en algunos casos hasta un tope) de cotización, como los de transporte, la entrega de acciones de la empresa, los vales restaurante y los comedores subvencionados, las aportaciones a los planes de pensiones, los seguros médicos y de accidentes y los cheques guardería.

Además el sablazo afecta a los sueldos bajos y medios pero no a los altos, que contribuyen a la Seguridad Social con la base de cotización máxima, que es la cifra sobre la que se aplican los porcentajes de aportación mensuales de empresa y trabajador. El Gobierno ha decidido mantener esa base máxima en 3.597 euros después de subirla el 5% los dos últimos años y por tanto a estos trabajadores no les afecta el incremento porque su base no puede subir más, según el Gobierno.

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Los trabajadores con contrato indefinido verán mermados sus ingresos en un 6,35% sobre el monto de los pluses que reciban. A los que tengan contrato temporal se les quitará un 6,40%. Para las empresas, el impacto es brutal, como recuerda el experto Josep Ginesta, director del Área laboral y Capital Humano de Ribé Salat Consulting. Pagan entre el 30,9% y el 40% a la Seguridad Social en función del sector de actividad. Por tanto, tendrán que asumir como un nuevo coste esos porcentaje sobre el monto de los pluses que estén abonando a su plantilla.

"Es una medida trampa, ya que puede provocar un aumento del paro evidente. Muchas empresas están preguntando si tienen posibilidades legales de suprimir esos beneficios sociales y, si no es posible, cómo puden compensar el golpe fiscal con recortes en otras partidas", afirma Ginesta.

Por ejemplo, en el caso de una empresa que entregue un vale diario de comida de 10 euros, el empresario debería pagar 3 o 4 euros más al día por cada vale a las arcas de la Seguridad Social y al trabajador le bajará el importe del cheque unos 64 céntimos, con lo que dispondrá de unos 9,36 euros diarios para pagar su comida.

Seguirán exentos sin embargo los gastos en dietas hasta un tope de 91,35 euros al día, los gastos de locomoción cuando no haya un exceso de 19 céntimos por kilómetro recorrido más otros gastos de peaje y aparcamiento, las prestaciones de la seguridad social, los gastos de formación relacionados con el puesto de trabajo, las horas extraordinarias y las indemnizaciones.

El Gobierno, sorprendentemente, afirma que la medida no afectará a la nómina y que a cambio el trabajador obtendrá mejores prestaciones en el futuro. en referencia a la jubilación. Pero todos sabemos que estos es pagar tapar el agujero actual de la Seguridad Social. En el futuro quién sabe qué nos reportará lo que aportemos ahora. Posiblemente será poco o nada.

Empresarios y sindicatos han reaccionado con indignación a los cambios introducidos por el Gobierno. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) afirma que España es uno de los países con más cargas sociales, por encima de Alemania o Reino Unido... Ahora, "en el mencionado decreto-ley se recoge también un aumento desproporcionado de las cargas que recaen sobre las retribuciones en especie, que eso son, y no salario directo, conllevando un castigo con fines recaudatorios, con el que no estamos de acuerdo".

UGT denuncia que esta modificación desincentivará al empresario a la hora de negociar estas percepciones y tendrá importantes efectos en materia salarial. Y acusa al Ejecutivo de cambiar el régimen jurídico de la Seguridad Social sin diálogo ni acuerdo con las organizaciones sindicales ni empresariales, cuyos representados son los sujetos directamente afectados por estas medidas.

Además, algunos expertos vaticinan que la medida provocará que muchos de estos incentivos pasen a la economía sumergida para eludir la presión fiscal, con lo cual la medida, que persigue recaudar unos 1.000 millones al año, verá frustrados sus objetivos. Un fenómeno parecido a lo que está pasando con el IVA.

IDNet Noticias
@Jorcha