La otra cara de la moneda

El camino para acabar con los abusos en los sueldos públicos

Crece en Europa la presión para que los sueldos de las élites del sector público sean razonables, proporcionados y decentes. Y esa exigencia de la opinión pública empieza a dar sus frutos. Las retribuciones sin control en Holanda, por ejemplo, han terminado. Los directivos de empresas estatales, así como de hospitales, aseguradoras e inmobiliarias e incluso los artistas que aparecen en la televisión pública o sus periodistas estrella no podrán cobrar más de 228.599 euros brutos anuales, un 30% más de lo que gana un ministro. También se limita la indemnización  por despido, que será de 75.000 euros.

La medida afectará a cerca de 5.000 personas y sustituye a un código de conducta voluntario que no ha funcionado. "Si un superdirectivo veía que sus colegas en un puesto inferior ganaban más, se subía el sueldo", afirma el Gobierno holandés para justificar la obligatoriedad. Además, el ejecutivo quiere extender la medida a todos los cuadros medios estatales, para que no cobren más que los ministros.

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El nuevo presidente francés, François Hollande, nada más llegar al poder en julio también limitó las retribuciones de los ejecutivos de firmas públicas para que no puedan cobrar más de 20 veces el salario más bajo de la compañía. Este en general se sitúa ligeramente por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMIC), que en Francia es de 1.100 euros netos mensuales.

La medida afecta a los primeros espadas de gigantes empresariales como la compañía eléctrica EDF, la de correos La Poste, la de ferrocarriles SNCF, la nuclear Areva, Aeroports de París, o Française de Jeux, entre otras.

De esta manera, los salarios de los grandes directivos de las empresas públicas "quedarán limitados a unos 450.000 euros al año. Una cantidad que no debe disuadir a ciertos talentos de venir a las empresas públicas pero, al mismo tiempo, impone una cierta decencia", según el Gobierno de Hollande.

España limitó este mismo año las retribuciones de los directivos del sector público y de los ejecutivos de los bancos nacionalizados pero su alcance en más limitado. Se limita a empresas del Estado, por lo que quedan fuera de control las miles de entidades públicas en manos de autonomías y ayuntamientos, unas 4.000 en total.

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En el caso de las empresas estatales el sueldo máximo se limitó a 105.000 euros anuales de salario base, lo que supuso una bajada media de entre el 25% y el 30%. Los directivos de empresas medianas cobran como máximo 80.000 euros al año, y los que trabajan en las de menor dimensión, 55.000 euros al año.

Sobre estas bases, se aplican complementos en función del puesto ocupado, que fija el Ministerio de Hacienda, y una retribución variable "absolutamente ligada" a objetivos que también establecerá Hacienda con lo cual, en teoría, podrá no ser cobrada. Es una paga variable que  busca "captar a los mejores a hacerlo de la manera mejor posible", según el Gobierno.

El escandaloso sueldo del presidente del banco malo

Con estos antecedentes, no parece sensato ni razonable que el sueldo que acaba de aprobar el Gobierno para el presidente del llamado banco malo, que tiene que sanear todos los excesos inmobiliarios de una banca rescatada con dinero público, sea de 500.000 euros y además se estudie nombrar un consejero delegado para que lleve el día a día. El Gobierno podrá esgrimir que la mayoría del capital de esta entidad estará en manos privadas —de manera forzada- y que será rentable en un horizonte de 15 años, pero a las primeras de cambio se vulnera el espíritu de proporción y control en las retribuciones del sector público.

@Jorcha

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