Yahoo Finanzas Ada Colau se enzarza con los apartamentos ilegales: ¿pondrá orden o sacará tajada?
El equipo de Ada Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona está que no para: después de iniciar una campaña de inspecciones y multas de hasta 90.000 euros a los apartamentos turísticos ilegales, se ha desmarcado con la idea de reducir la sanción a los propietarios que cedan estas viviendas para alquiler social.
La idea es condonar hasta un 80% de la sanción a los propietarios que colaboren en esta iniciativa y, en paralelo, ofrecer viviendas en alquiler a familias en una situación económica complicada por un precio asequible. El 20% restante de la multa tendrán que pagarlo. Hasta aquí, una medida con cierto componente social, en la línea de una alcaldesa que saltó a la esfera pública por su defensa de los desahuciados a través de la Plataforma de Afectados de las Hipotecas y que, en su primer día como alcaldesa de Barcelona, paró nueve desahucios.
La oferta a los dueños de apartamentos ilegales multados –que se pondría en marcha en septiembre como un proyecto piloto el distrito de Ciutat Vella –se ha vendido a los vecinos como una solución para combatir el turismo de baja calidad en la capital catalana y reducir su impacto negativo en ese distrito. La oposición ya le ha advertido que no lo va a tener fácil y le acusan de combatir los pisos ilegales con ‘humo’ y ‘chantaje’ a los propietarios.
Los ‘peros’ surgen al cabo de la esquina. En primer lugar porque será el ayuntamiento barcelonés quien cobre el alquiler, de modo que los propietarios se ahorrarán el pago de parte de la multa pero no verán un euro de la renta. O sea que la alcaldía va a cobrar por alquilar algo que no es suyo.
En segundo lugar porque los propietarios que acepten el acuerdo se comprometen a ceder la vivienda al ayuntamiento por un periodo de tres años. Esto quiere decir que no podrán disponer de ella para alquilarla legalmente, para ocuparla ellos o sus hijos ni para venderla en caso de necesidad.
Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de las multas son de 15.000 euros, en la parte baja del rango ¿a quién le interesará ceder su apartamento por tres años al ayuntamiento a cambio de evitarse una multa de 12.000 (el 80% del total), si seguramente ganará más alquilándolo como vivienda?
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Sólo en el Eixample, la cifra de viviendas de uso turístico se ha multiplicado por tres en los últimos años y ronda las 3.000 unidades, según estimaciones del ayuntamiento. Aunque la mayoría disponen de licencia, los comportamientos de ciertos colectivos con sus ruidos y molestias a deshora dificultan la vida y el descanso.
En Ciutat Vella ya hay 330 casos de apartamentos ilegales expedientados y se producen además alrededor de 250 desahucios al mes. La nueva medida podría ayudar a combatir la sangría de vecinos, revertiendo los problemas generados hasta ahora por los pisos turísticos.
El Ayuntamiento ya ha dicho que requerirá a las plataformas de intermediación –entre las que ha citado a Airbnb y Booking –para que faciliten información sobre los pisos que ofertan en sus páginas sin que sus dueños hayan realizado el correspondiente registro administrativo en la Generalitat.
Aquí surgen varias dudas. Por ejemplo, ¿hasta donde están obligadas estas plataformas a facilitar información de sus clientes? ¿Se les obligará a actuar como agentes públicos y denunciar o rechazar a quienes no estén registrados? ¿Ayudará todo esto a mejorar la calidad de vida de los vecinos? ¿Cuánto ingresará el ayuntamiento por alquileres?
Y la última y definitiva: ¿servirá realmente esta medida para facilitar una vivienda a los más desfavorecidos o quedará como una ocurrencia más de la nueva alcaldesa de Barcelona?
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