Cóctel explosivo en Hacienda: sospechas de amiguismo y presión fiscal asfixiante

La Agencia Tributaria (Hacienda) vive uno de los momentos más difíciles de su historia. Por primera vez ha dimitido un director general, nada menos que el responsable de la inspección de los grandes contribuyentes, Luis Jones. Era el encargado de evitar los grandes fraudes al erario público. Este alto cargo, nombrado por el propio Cristobal Montoro hace dos años, tira la toalla por el enfrentamiento con “la dirección general de la Agencia en los últimos meses en relación con diversos asuntos que, en su opinión, constituyen ámbitos esenciales de decisión del departamento de inspección, y que se han resuelto en contra de nuestro criterio”, según sus palabras. La Agencia niega que tenga que ver con expedientes concretos ni diferencias con criterios en expedientes de inspección.

Se trata del tercer cargo en el escalafón del organismo público, y su renuncia ha disparado todas las alarmas sobre el grave deterioro de la Administración fiscal, salpicada por casos como el de la millonaria multa a la cementera Cemex, los DNI de la Infanta o las secuelas del caso Bárcenas y su relación con la polémica amnistía fiscal.

Episodios que se han saldado con ceses en bloque en la dirección de la Agencia, como ocurrió en verano, y dimisiones puntuales de inspectores asignados a expedientes de sanción millonarios como el Cemex, trufadas con acusaciones de connivencia en las decisiones de la Agencia con ciertos despachos profesionales que en el pasado tuvieron relación con Montoro.

En relación con este caso, la Agencia ha destituido de manera fulminante a otros cinco funcionarios de alto rango y ha nombrado a Luis María Sánchez González nuevo director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria en sustitución de Luis Jones. Dejarán sus cargos la directora del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, el jefe de dependencia de Control Tributario y Aduanero de la delegación central de Grandes Contribuyentes, y los delegados especiales de la Agencia en Castilla y León, Cantabria y Galicia.

Asistimos por tanto a la tormenta perfecta para la Agencia Tributaria, fruto de una crisis de credibilidad brutal que coincide fatalmente con la enorme presión que ejerce sobre los ciudadanos para alcanzar sus objetivos desenfrenados de recaudación fiscal con la cual taponar el descontrol del gasto público. Hay que recordar que España es uno de los países con más presión fiscal de Europa, en términos formales, y al mismo tiempo uno de los que menos recauda y que menos gasta en servicios públicos.
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La polémica está al rojo vivo. El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, reclamó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la destitución del ministro de Hacienda. Gestha, la organización de técnicos del Ministerio, reclama al ministro que impulse una investigación para determinar si se están produciendo "injerencias externas" en la Agencia Tributaria, ya que en las últimas semanas está en cuestión su "imparcialidad y objetividad".

El Gobierno ha salido a escena para intentar arropar a Montoro. Incluso su antagónico compañero de gabinete, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, le ha echado un capote al asegurar que el Gobierno tiene "absoluta confianza" en la profesionalidad de todos los inspectores y subinspectores de la Agencia Tributaria. "Creemos en su independencia y en su transparencia y eso lo vamos a defender porque eso es un valor, especialmente en un momento en el que tenemos que subir la recaudación y luchar contra el fraude fiscal".

Algunos incluso llegan a comentar que no saben si De Guindos está echando una mano o una mano al cuello a su compañero de gabinete en un intento por tomar posiciones y ganar competencias ante una eventual remodelación del Gobierno. El PP, por boca de Carlos Floriano, ha puesto la mano en el fuego" por Montoro. El inescrutable Mariano Rajoy tiene la palabra.

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@Jorcha