Masacres en penales de Brasil: "Gobierno nos da la espalda"

NATAL, Brasil (AP) — Pocas horas después del estallido de un conflicto armado entre dos bandas en la cárcel de Alcacuz, María José de Souza se enteró de que su marido había muerto en la masacre.

La noticia no le llegó de boca de algún funcionario. Se enteró porque un preso que sobrevivió a los disturbios distribuyó un video de la carnicería a través de WhatsApp y de Souza reconoció el tatuaje de su marido Jonas Victor Nascimento, de 39 años, que había sido decapitado. Llevaba preso tres años por robo y homicidio culposo, y debía ser liberado en junio.

"¿Qué imagen de mi marido me queda? ¿Un cadáver descabezado?", expresó de Souza llorando. Dijo que lo tuvo que enterrar sin su cabeza. "¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el estado? No hacen nada".

Para las familias de los más de 130 reos muertos en prisiones brasileñas desde comienzos del año, el dolor se vio agravado por las respuestas del gobierno, lentas cuando no insensibles, producto de una falta de recursos y del desdén que muchos brasileños sienten hacia los presos en un país sacudido por la violencia.

"Deberían matar más gente", afirmó Bruno Julio, secretario nacional de la juventud, durante una entrevista del mes pasado con el diario O Globo. "Debería haber una matanza por semana".

Los comentarios causaron furor en las redes sociales, generando muchas condenas pero también manifestaciones de aprobación. Al día siguiente Julio renunció.

José Melo, gobernador del estado de Amazonas, donde fueron asesinados 57 reos en el penal de Manaus el 1ro de enero, afirmó que entre los muertos "no había santos. Eran violadores y asesinos".

El presidente Michel Temer no habló de la masacre de Manaus en público por cinco días. Y cuando finalmente lo hizo, causó conmoción al decir que se había tratado de un "trágico accidente".

"Se ha contaminado la opinión pública" sobre los presos, expresó Marcelo Freixo, legislador del estado de Río de Janeiro y promotor de una reforma al sistema de prisiones. "Hay más deseo de revancha que de justicia".

Después de los disturbios del 14 de enero en Alcacuz, que dejaron 26 reos muertos, le tomó 11 días a las autoridades del penal hacer un recuento para ver cuántos habían fallecido y quienes se podían haber escapado.

Decenas de familias pasaron días acampadas frente al penal, con colchones, esperando noticias ansiosamente. La mayoría las daban los mismos reos, que se comunicaban con teléfonos celulares. Las familias dicen que las autoridades no hicieron nada para ayudarlas.

"Juegan con las vidas" de la gente, señaló Elaine Silva, cuyo esposo, preso por manejar borracho, sobrevivió a la rebelión con apenas una rodilla lastimada.

Tras el baño de sangre de Manaus, Luiz Sagando dijo que le tomó más de una semana enterarse de que su sobrino, Macedo Fineira, había sobrevivido. Fineira, de 19 años, lleva preso 16 meses en conexión con dos asesinatos, pero no ha sido juzgado y su familia cree que es inocente. Se calcula que el 40% de los presos de Brasil esperan ser enjuiciados.

"Tenemos miedo de que lo maten. En la prisión no hay garantías", declaró Sagando. "Tratamos de sacarlo, pero no tenemos dinero para un abogado".

En respuesta a las quejas de las familias, la dependencia estatal a cargo de asuntos relacionados con las cárceles le dijo a la Associated Press que estaba ayudando a las familias, pero no quiso dar detalles.

Las autoridades son responsables de los presos, desde su seguridad personal hasta su salud, según Julita Lemgruber, que dirigió el sistema de prisiones del estado de Río de Janeiro entre 1991 y 1994. En realidad, sostuvo, esas garantías "no van más allá del papel en que están escritas". Agregó que un racismo endémico contribuye al actual estado de cosas.

Un informe del Ministerio de Justicia del 2014 dice que el 62% de los reos son negros o de raza mixta, cuando solo el 54% de la población se identifica como negra o mestiza.

Ha habido algunos indicios de progreso. La Corte Suprema dictaminó el año pasado que el estado debe compensar a las familias de los presos que mueren en las cárceles. Pero la pobreza de la gente combinada con las enormes trabas burocráticas hacen pensar que esas compensaciones pueden no ser muy realistas.

Personas como Sandriely Costa no pueden solicitarla incluso si tuviesen los medios. Costa tenía una relación con un reo de Alcacuz, Felipe de Oliveira, preso por robo y quien murió durante los disturbios.

Costa dijo que Olivieira tenía una herida de bala en el estómago y había sido decapitado. Oliveira hizo enterrar a Costa sin ayuda de las autoridades.

"Nadie se merece una muerte como esa", se lamentó Costa, agregando que durante todo el drama las autoridades "nos trataron como perros".

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Brito informó desde Natal, Prengaman desde Río de Janeiro.

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Renata Brito está en www.twitter.com/RenataBrito91

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