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Fedea plantea limitar la caída de poder adquisitivo de las pensiones y blindar las mínimas

MADRID (Reuters) - Las pensiones españolas sólo subirán un 0,25 por ciento anual hasta 2060 si no se toman medidas adicionales, según un informe del 'think tank' Fedea presentado el lunes, que sugiere como paliativo a esta práctica congelación de las prestaciones "blindar" las mínimas y poner un tope a la caída de poder adquisitivo acumulada de los pensionistas.

El estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada dice que la última reforma de 2013 que desvinculó de la inflación la actualización de las pensiones evitará que el gasto "explote", pero supondrá que el jubilado no verá mejorada su nómina pese a que el coste de la vida seguirá creciendo, planteando problemas de suficiencia a los pensionistas con menores prestaciones.

"Al cabo de 20-25 años después de jubilarse, se acabaría perdiendo un 30 por ciento de la pensión si no se hace nada, eso nos da la plena seguridad de que algo se va a hacer", dijo el director de Fedea, Ángel de la Fuente, en la presentación del estudio.

Para mitigar esta situación, el estudio plantea "blindar" la pensión mínima ligándola a la inflación, y calcula el coste medio anual de dicha medida de 2017 al 2057 en 0,43 décimas del PIB, alrededor de 4.000 millones de euros anuales, lo que considera una "factura bastante asumible".

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De la Fuente reconoció sin embargo que esta propuesta no era perfecta, porque haría menos contributivo el sistema y desincentivaría la cotización del escalón superior.

"No hay ninguna medida que cure todos los problemas del sistema a la vez. Es un riesgo que existe, pero seguramente habría que anteponer la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos aceptables", señaló.

El director de Fedea también planteó la posibilidad de "poner un tope" a la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones a lo largo de la vida del pensionista, aunque no cuantificó esta propuesta.

"Todas estas medidas paliativas deberían ser parte de un plan a largo plazo para llevarnos de manera definitiva a un sistema de pensiones sostenible", dijo De la Fuente, que descartó por inasumible la posibilidad de desmantelar las reformas acometidas hasta ahora, con un coste de 5,3 puntos de PIB.

Respecto a la posibilidad de pagar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad -unos 22.000 millones de euros- para aliviar los costes de la Seguridad Social, el informe concluye que sería necesario incluir también las prestaciones de incapacidad permanente -otros 12.000 millones-, pero que esta solución sólo retrasaría el problema sin resolverlo y generaría además un problema de credibilidad.

Según las previsiones del informe, el número de personas trabajando para pagar las pensiones se rebajará a la mitad en las próximas décadas, y aunque la pensión media apenas bajará en términos absolutos en los próximos 30 años, sí caerá hasta 30 puntos en relación con el salario medio.

De la Fuente se mostró favorable a potenciar la compatibilidad de trabajo y pensión y abogó incluso por estudiar atrasar "despacito" la edad de jubilación hasta los 68 años cuando se llegue a los 67 actuales fijados en la reforma de 2011.

Aunque el estudio muestra un escenario central bastante optimista sobre el sistema de pensiones en las próximas décadas, también advierte de que el grado de incertidumbre es elevado, ya que depende de variables como la inmigración, el empleo y la productividad, considerando a esta última como clave para su "sostenibilidad sin apuros".