Yahoo Finanzas En el limbo: 59 colombianos retenidos ilegalmente por el Gobierno de Venezuela
Por Oscar Medina | A finales de marzo asomó la esperanza: parecía que iba a terminar el encierro. La visita de dos representantes del Ministerio Público generó la expectativa de una pronta liberación: pero no fue así. Son 58 hombres y una mujer de nacionalidad colombiana y están retenidos en una sede policial en Caracas. No hay cargos en su contra, no han sido presentados en tribunales y en consecuencia no hay juicio ni acción legal alguna. Peor aún, un juzgado ordenó su libertad plena en noviembre de 2017. Y allí siguen: en un limbo jurídico que es también un secuestro por parte del Estado venezolano.
“La Embajada en Venezuela ha enviado 65 notas verbales a Cancillería de VEN, al Min. De Interior y Justicia, y a autoridades policiales y militares”: Encargado de Negocios, a.i. en VEN sobre situación de colombianos presos en ese país. Rendición de Cuentas https://t.co/uCYy76Fn70
— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 17, 2018
Les dicen que no están presos, que están en situación de “resguardo”. Pero esa figura no existe en la legislación de este país –ni en ningún otro- y mucho menos para justificar algo como esto. Todos –salvo dos- fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Bolivariana durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre de 2016 y al conversar con ellos se evidencia un patrón: transitaban por zonas de estratos económicos bajos en Caracas y fueron abordados por uniformados que requirieron sus documentos de identidad. Y ahí les cambió la vida.
En casi la totalidad de los casos no tenían sus papeles en regla, de modo que iban siendo trasladados a una dependencia policial donde supuestamente revisarían si tenían antecedentes penales. En su condición de extranjeros ilegales el procedimiento correspondiente era la deportación. 95 . colombianos fueron conducidos a una dependencia de la PNB en Maripérez, en el centro de Caracas.
@AlvaroUribeVel Juan Pedro Lares Rangel ciudadano colombiano permanece secuestrado en el SEBIN, como padre exijo a la canciller Holguín exija se respete los derechos fundamentales de este ciudadano y de los 59 colombianos con boleta de excarcelación deben ser liberados de inmedit
— Omar Lares (@omarlaress) May 17, 2018
Allí, según el abogado que los asiste, Sergio Aranguren, pasaron más de dos semanas a la intemperie en el techo del lugar: “Como animales”, dijo. Posteriormente los condujeron a la sede principal de Extranjería –el Saime- donde se les informó que serían llevados al estado Táchira, en la frontera con Colombia, para ser deportados. Luego de al menos dos semanas en Táchira la decisión fue otra: los regresaron a Caracas y desde entonces la mayoría de ellos están retenidos en la sede de la PNB en La Yaguara, al oeste de la ciudad. El lugar no es una cárcel formal. Es una espacio que fue habilitado para ubicarlos.
Tiene una sola puerta que se cierra con un candado por fuera. De una pared a la otra, a lo largo, hay más o menos treinta pasos. Solo es posible caminar por los dos estrechos pasillos que quedaron una vez que se instalaron las precarias camas donde duermen los 58 colombianos a los que las autoridades venezolanas decidieron “refugiar”.
Los sanitarios no funcionan. Las necesidades fisiológicas se alivian en un balde. Solo cuentan con un hueco en el piso conectado con un desagüe por el que arrojan el contenido del balde. Apenas un par de duchas y lavamanos están operativos. Para cocinar se turnan tres hornillas eléctricas: la comida es escasa y simple. Es lo poco que pueden llevarles sus cada vez más empobrecidas familias y alguna donación que cada cierto tiempo les envía la Embajada de Colombia.
– ¿Han recibido apoyo del Consulado?
– Por parte del Gobierno colombiano no hemos recibido la ayuda correcta, responde Luis Pérez Díaz (39 años, nacido en Cartagena). Sí han venido, nos hacen unas fotos, te dan un paquete de arroz o algo, pero lo que en verdad necesitamos no lo han hecho.
Contra el Estado
El 1 de septiembre de 2016 el presidente Nicolás Maduro anunció que habían desarticulado a un grupo paramilitar que planeaba acciones desestabilizadoras: “Hemos estado con la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, capturando mercenarios. En la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas, a 500 metros del Palacio de Miraflores”.
De acuerdo al abogado Sergio Aranguren cerca de un centenar de personas de nacionalidad colombiana fueron detenidos para presentarlos luego como el grupo paramilitar, pero la maniobra resultó tan burda que se abstuvieron. “Intentaron hacerlos pasar por los supuestos paramilitares detenidos”, denuncia: “Pero eso es falso. A estas personas ni siquiera las agarraron cerca de Miraflores, ni estaban juntos. Se los llevaron de diferentes lugares de Caracas. Contra estos colombianos no hay absolutamente nada, ni orden judicial, ni investigación, ni acusación, ni individualización de los casos. Su única falta es ser gente común, gente humilde”.
En la edición 32° del Boletín Conjunto “Crisis en Venezuela” | @ForoPenal | 58 jóvenes colombianos permanecen detenidos aunque tribunal emitió boleta de excarcelación https://t.co/IzNVN0Zepo pic.twitter.com/Nl7xNubKKb
— PROVEA (@_Provea) April 19, 2018
En efecto, tras detener a estas personas el debido proceso indica que debieron ser presentados ante un juzgado para formular cargos y fijar el inicio de un juicio. Pero eso no se hizo. Y esa irregularidad es suficiente para ordenar su liberación, aunque del grupo original solo quedan los 58 hombres y la mujer: los demás salieron por razones desconocidas.
Aranguren presentó un amparo constitucional y finalmente la jueza Zulay Salazar González –del juzgado 27 de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas- el 21 de noviembre de 2017 ordenó que los soltaran. “Evidenciándose que en contra de los ciudadanos no pesa Orden de Aprehensión alguna ni fueron aprehendidos de forma flagrante, se DECRETA LA LIBERTAD PLENA”, dice el fallo. Y fue acompañado de un oficio –Nº 1725-17- dirigido al director de la Policía Nacional Bolivariana en el que se le informa la decisión con respecto a estas personas “quienes se encuentran en calidad de resguardo” en esa sede del cuerpo policial. Pero, como ya se dijo, la PNB no acató la instrucción.
Hoy embajada de Colombia en Venezuela llevo insumos y escucho situación de 59 Colombianos que permanecen detenidos en sede policial de Caracas desde hace 20 meses, de manera ilegal, sin juicio ni proceso judicial. Único delito: ser indocumentados. pic.twitter.com/rq1pbxQq2T
— Beatriz Adrián (@Beadrian) May 9, 2018
Aranguren apunta múltiples violaciones a las leyes en este caso, incluyendo violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, al Código Penal, a la Ley Contra la Tortura y Tratos Crueles y a tratados internacionales.
La cancillería colombiana ha emitido al menos 40 notas diplomáticas exigiendo la libertad de los detenidos, pero entre el servicio consular y el abogado no hay relación alguna.
Aranguren se convirtió en defensor ad honorem de los colombianos al acudir en ayuda de uno de ellos: Doiler Yépez Carrillo, de 33 años, nacido en Barranquilla, quien hacía trabajos de albañilería en su residencia y fue detenido en Petare, el barrio popular más poblado de Caracas. Desvalidos y sin otro apoyo legal, sumó al grupo, cuya situación ha presentado ante la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, la dirección de la PNB y ante medios nacionales y colombianos e incluso ante el servicio consular de Colombia.
Según Human Rights Watch las iniciativas de la cancillería colombiana han sido “insuficientes”, aunque el despacho de María Ángela Holguín asegura que han gestionado más de 25 reuniones con autoridades venezolanas y han emitido más de 40 notas diplomáticas. La ONG, sin embargo, exigió al presidente Juan Manuel Santos “incrementar la presión internacional” en este sentido.
Por estos días el abogado prepara otra acción más allá de la defensa de los retenidos: se plantea presentar acusaciones formales ante la justicia venezolana contra los responsables de las violaciones a los derechos de estos ciudadanos. Y aunque no adelanta mayores detalles, eso incluiría al actual fiscal Tarek William Saab; a la anterior titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz; al director de la PNB, general Alfredo Pérez Ampueda, al defensor del pueblo Alfredo Ruíz Angulo y hasta al canciller Jorge Arreaza. Para eso ha solicitado en más de una ocasión y de manera infructuosa las copias de las notas diplomáticas al Consulado de Colombia. Solo en esta pelea y representando a gente tan humilde, en el marco de las condiciones del Estado de Derecho en Venezuela, sería una lucha de enanos contra
