EEUU: Cerrar burdel en línea podría afectar labor policial

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Hay una paradoja de seguridad pública en el caso en contra de Backpage.com, calificado por funcionarios como el más grande proveedor de anuncios de prostitución en línea en Estados Unidos.

Los fiscales de California tachan al sitio como un "burdel en línea" que gana millones de dólares con el tráfico sexual, que muchas veces involucra menores. Quieren cerrar el sitio y enviar a sus dueños a la cárcel. Los fundadores y su director general deben de comparecer en corte el jueves para tratar de convencer al juez de que desestime los cargos de asociación ilícita, lavado de dinero y proxenetismo que les han imputado.

Pero si los fiscales ganan el caso y la sección de servicios para adultos de Backpage desaparece para siempre, después de haber sido cancelada en enero, la policía y algunos defensores de niños usados como trabajadores sexuales dicen que perderán una herramienta importante para rastrear y arrestar a depredadores sexuales.

Backpage, que también ofrece anuncios clasificados no relacionados a prostitución, generalmente coopera con la policía en investigaciones de presuntos depredadores, dijo Tim Hardiman, inspector retirado del Departamento de Policía de Nueva York, quien fue investigador de delitos sexuales y ahora es asesor técnico para el programa televisivo "Law & Order: SVU".

"Fue un recurso para los buenos, (también) para los malos", dijo Hardiman, quien da clases de investigación de delitos sexuales a policías.

El sitio fue creado hace más de una década por Michael Lacey y James Larkin, quien era dueño de diarios alternativos como el Village Voice, en la ciudad de Nueva York.

Al igual que las viejas secciones de anuncios clasificados en las últimas páginas de sus diarios, Backpage.com comenzó con anuncios de negocios regulares pero pronto se convirtió en el sitio preferido para poner anuncios de prostitución y para buscar estos servicios.

En diciembre, un juez rechazó los cargos iniciales de proxenetismo contra Lacey, Larkin y el director general Carl Ferrer, con base en una ley federal diseñada para proteger la libertad de expresión en línea al otorgar inmunidad a sitios web que tengan contenido creados por otras personas.

La fiscalía luego les presentó 26 cargos adicionales de lavado de dinero, alegando que los ingresos de Backpage provenían de anuncios de prostitución. Los abogados de los acusados están tratando de usar el mismo argumento legal para que el juez desestime los cargos nuevos.

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