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Biden impulsaría investigación sobre delitos de cuello blanco

Patricia Hurtado y Christopher Yasiejko
·6 min de lectura
WILMINGTON, DE  November10, 2020:  President- elect Joe Biden answer questions from the press at the Queen in Wilmington, DE on November 10, 2020.  (Photo by Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)
Es probable que los delitos de cuello blanco sean más perseguidos bajo la administración del presidente electo Joe Biden (Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post via Getty Images)

(Bloomberg) -- Es probable que el Departamento de Justicia del presidente electo de EE.UU., Joe Biden, aumente la aplicación de la ley contra los delitos de cuello blanco, poniendo a las empresas de Wall Street y los ejecutivos corporativos bajo un mayor escrutinio.

Las multas y los enjuiciamientos por delitos de cuello blanco disminuyeron durante la Administración de Donald Trump, pero los abogados anticipan un aumento que devolvería al Gobierno a su práctica pasada de escrutar los delitos corporativos. Robert Anello, abogado defensor en Nueva York, dijo que su práctica de cuello blanco, como muchas otras en Manhattan, se detuvo durante la Administración Trump.

Es probable que en la agenda de los fiscales federales estén los casos de engaños tributarios y de soborno en el extranjero, dijeron Anello y otros abogados. Además, habrá muchos cargos potenciales derivados de la avalancha de fondos gubernamentales desembolsados para compensar los efectos de la pandemia, incluido el Programa de Protección de Cheques de Pago, que creció a US$525.000 millones y utilizó miles de bancos, dijeron los abogados.

Brandon Garrett, profesor de derecho de la Universidad de Duke que ha estudiado el enjuiciamiento de delitos corporativos bajo las presidencias de Trump y Barack Obama, dice que un cambio bajo Biden, un defensor público antes de entrar en política, puede no ser inmediatamente obvio, ya que los casos de valores pueden tardar muchos meses o años en construirse. Espera más casos de este tipo, que pueden incluir investigaciones de uso de información privilegiada y estafas contables.

“A menudo hay una especie de ciclo de vida del fraude”, dice Garrett. “Si tenemos una aplicación laxa durante varios años, habrá una gran cantidad de faltas graves y fraudes que se habrán pasado por alto, por lo que esperaría una gran cantidad de casos atrasados de todo tipo”.

Un portavoz del Departamento de Justicia declinó comentar sobre el historial de la Administración. El equipo de transición de Biden no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Trump se llama a sí mismo el presidente de “la ley y el orden”, pero cuando se trata de delitos de cuello blanco, ha supervisado una disminución significativa en la aplicación de la ley. El enjuiciamiento de Estados Unidos por fraude de valores, violaciones antimonopolio y otros delitos similares ha alcanzado un mínimo histórico a medida que la pandemia ralentiza los tribunales, pero incluso antes del coronavirus, las cifras estaban cayendo, según la Cámara de compensación de acceso a registros transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Siracusa.

El Departamento de Justicia ha dicho que ha sido duro con los delincuentes de cuello blanco, pero los datos de TRAC muestran una caída de alrededor de 30% en los enjuiciamientos anuales promedio bajo Trump en comparación con Obama.

Las multas corporativas cayeron 76% en los primeros 20 meses de Trump en comparación con los últimos 20 meses de la Administración Obama, dijo Garrett. Durante los primeros 20 meses de Trump en el cargo, las multas corporativas totalizaron solo US$3.400 millones, pagados por 17 instituciones financieras y 13 empresas públicas. Eso se compara con US$14.150 millones en multas corporativas totales, que afectaron a 71 instituciones financieras y 34 empresas públicas, durante los últimos 20 meses de Obama.

“Cualquier cosa sería un paso adelante en comparación con el total descuido de Trump de los delitos de cuello blanco”, asegura Cheryl Bader, profesora de la Facultad de Derecho de Fordham en Nueva York. “Quiere verse a sí mismo como un presidente favorable a las empresas”.

En los últimos días de la Administración Trump, varios casos corporativos notables terminaron en declaraciones de culpabilidad. Goldman Sachs Group Inc. llegó a un acuerdo en el que su unidad de Malasia se declaró culpable y acordó pagar US$2.900 millones en multas por conspirar para pagar sobornos en el extranjero. Ese caso comenzó bajo la Administración Obama.

Purdue Pharma LP también acordó declararse culpable de cargos de delitos graves y pagar una fuerte multa para resolver las investigaciones sobre la comercialización de OxyContin, el analgésico altamente adictivo al que se culpa por ayudar a desencadenar la epidemia de opioides en EE.UU. No se acusó a nadie.

“Cuando Trump habla de la ley y el orden, no está hablando de la ley y el orden en lo que respecta a los delitos de cuello blanco”, asegura Joel Cohen, exfiscal federal en Nueva York que ahora ejerce en la práctica privada. “Habla de la ley y el orden, francamente en términos de minorías”.

Para sorpresa de algunos, los casos de soborno han sido “extremadamente robustos” durante los últimos cuatro años, afirma Mike Koehler, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Illinois, quien dirige un sitio web dedicado al derecho. Pero durante su mandato, Trump también ha presionado a su Departamento de Justicia para que persiga a pandillas, inmigrantes, activistas de izquierda e incluso oponentes políticos, en lugar de a malhechores corporativos.

A. Brian Albritton, quien se desempeñó como el principal fiscal federal en el centro de Florida bajo los presidentes George W. Bush y Obama, espera más casos de fraude relacionados con la atención médica y estafas de acciones, como los que él abordó como fiscal de Estados Unidos de 2008 a 2010.

“El crimen violento ha sido una prioridad para la Administración Trump”, dijo Albritton, ahora socio de Phelps Dunbar LLP en Tampa. “Anticiparía menos recursos dedicados a los delitos de inmigración”.

Biden marcará la pauta para su Departamento de Justicia cuando nombre a su fiscal general, y las primeras especulaciones incluyen al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo y a la exfiscal general adjunta Sally Yates, quienes tienen experiencia procesando casos de cuello blanco.

Quienquiera que elija Biden, primero tendrá que restaurar la moral en un Departamento de Justicia que se volvió partidista bajo Trump y el Fiscal General William Barr, asegura Jennifer Rodgers, exfiscal federal que ahora enseña en la Facultad de Derecho de Columbia.

“Cualquiera que ingrese al Departamento de Justicia y una nueva Administración tendrá mucho trabajo por hacer y muchas prioridades”, dice Rogers. “Alguien que entre tendrá que decir inmediatamente: ‘Ya no haremos esto’”.

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Nota Original:White-Collar Crime Probes Likely to Intensify Under Biden’s DOJ

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