Los pros y contras de eliminar el salario mínimo en España
El viernes pasado, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, sacudía a la opinión pública al anunciar que es partidario de permitir contratos fuera de convenio, desligados del salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en 645 euros mensuales. El objetivo sería fomentar los contratos de larga duración, aunque con salarios inferiores al mínimo legal, sobre todo entre los jóvenes.
Las reacciones a este polémico anuncio no se han hecho esperar: economistas, políticos, sindicalistas y académicos se han apresurado a dar su opinión sobre un asunto espinoso sobre el que el Gobierno ha pasado por ahora de puntillas diciendo que no está en su agenda.
Entre las ventajas, algunos expertos consideran que suprimir ese límite podría incentivar la creación de empleo, sobre todo en las capas más desfavorecidas de la sociedad. El profesor de Economía en el IE Business School y en la Universidad San Pablo CEU, Rafael Pampillón cree que hay gente que no es fácil de emplear en España con el actual modelo exportador. Permitir contratos por debajo del SMI redundaría en una «mejora de la competitividad», al reducir los costes de producción.
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En esta línea también se pronuncia Juan Iranzo, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y catedrático de Economía Aplicada de la UNED, para quien el mínimo salarial representa una barrera de entrada para los trabajadores menos cualificados y, por tanto, su eliminación constituiría un manera de fortalecer la receta de devaluación interna, que ha producido, a su juicio, efectos positivos durante el último año.
Sobre los riesgos de precariedad y generación de un mercado laboral dual, la opinión de este colectivo es clara.: "precariedad es tener seis millones de personas en el paro, que quieren trabajarcon un sueldo por debajo del SMI y no pueden", según Pampillón. Florentino Felgueroso, profesor del departamento de Economía de la Universidad de Oviedo e Investigador de Fedea sostiene que se pueden aplicar medidas menos contundentes, como un SMI que se module en función de variables como la edad, una posibilidad que se eliminó en el año 98 y que permitiría paliar el grave problema del paro juvenil.
Los detractores de la medida
Otros economistas, por contra, chocan frontalmente con esta variable. Por ejemplo, el Nobel Paul Krugman defiende que las bajadas del salario mínimo para los peor pagados no tiene mucho efecto sobre el empleo. De hecho, históricamente España ha tenido un salario mínimo por debajo de la media europea. Y esto no ha impedido que la tasa de paro haya resultado superior a la de sus países vecinos. Luxemburgo, por ejemplo, con un SMI de 1.800 euros mensuales «padece» una tasa de desempleo del 5%.
En este mismo sentido, el catedrático de Economía de la Universidad Ramón Llull, Santiago Niño Becerra, afirma que en los países no-subdesarrollados, la demanda de trabajo no tiene nada que ver con el salario. "En el siglo XIX, en la fase de acumulación originaria de capital, sí ocurría, pero hoy lo que marca la diferencia es el valor añadido de lo que se produce y la productividad, y eso no aumenta reduciendo salarios, y menos reduciendo salarios mínimos", indica el profesor. "Hundiendo las condiciones de trabajo se empobrecerá la ciudadanía española, muy poco se crecerá y nada aumentará el empleo neto”.
Los sindicatos
Como era de esperar los sindicatos defienden posiciones similares pero de forma más beligerante. UGT cree que el Banco de España plantea un modelo semiesclavista, sin derechos, ni sueldos dignos, que aleja a nuestro país lejos del nivel recomendado por la Carta Social Europea (CSE), firmada por España en 1985. Este acuerdo, sobre el que los sindicatos fundamentan sus peticiones, establece que el SMI debe suponer un 60% del salario medio neto (22.790 euros al año).
El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo considera que la propuesta del Banco de España sería ilegal en España. Además critica que el gobernador del Banco de España, Luis Linde, "que no se atreva a hacer esta propuesta en público", propone salarios de 400 o 500 euros cuando su remuneración "supera con mucho la media del país". Toxo y Cándido Méndez, el íder de UGT, reclaman a Linde que empiece a aplicarse esa receta el mismo.
El conceller de Economía del Gobierno catalán. Andreu Mas Colell se ha mostrado más cauto. Considera que se debe ir con mucho cuidado, pero se debe estudiar y ver las experiencias en otros países como Alemania. Cree que hay que analizar si sirve para impulsar trabajos a tiempo parcial y para contar con "medidas temporales" que faciliten la entrada en el mercado laboral sobre todo para los jóvenes.
La propuesta se produce cuando coexiste un elevado nivel de paro y un recorte de los salarios nunca visto en España. Los empleados sufren una pérdida de poder adquisitivo continuada desde 2008, que se ha acelerado en 2012 y en el arranque de 2013. La caída de rentas salariales nos devuelve a principios de siglo, y en muchos casos ha dado al traste con buena parte de las ganancias conseguidas en la anterior década de fuerte crecimiento económico.
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