La otra cara de la moneda

Ya llega la ley que puede poner coto a las marcas blancas en los supermercados

El Gobierno tiene previsto estudiar y aprobar este viernes el proyecto de la llamada Ley de la Cadena Alimenticia, uno de cuyos puntos más polémicos es la regulación del enorme poder que tienen los grandes distribuidores sobre los productores de alimentos. Un poder que les permite entre otras cosas ofrecer las famosas marcas blancas, es decir, productos con la marca del distribuidor a precios agresivos.

La magnitud y la complejidad del problema son grandes. En España hay un millón de productores agrarios, 4.000 cooperativas y 30.000 empresas agroalimentarias. Estos operadores conforman la oferta. Pero por el lado de la demanda, esta se canaliza a través de diez grandes y poderosos grupos de distribución que son los compradores finales de la producción de toda esa industria, que siempre se ha quejado de los abusos a que es sometida por las cadenas de distribución minorista.

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"La oferta está muy atomizada, la demanda está muy concentrada y tenemos que buscar el mayor equilibrio en el funcionamiento de las relaciones entre productores e industria y entre industria y distribución", afirma el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, cuya posición difiere bastante de la que mantienen otros ministerios, como el de Economía que dirige Luis De Guindos, o la Comisión Nacional de la Competencia.

Para el ministro de Agricultura se trata de una disposición inaplazable e irrenunciable para salvaguardar el tejido agrario y la industria alimentaria. Esta ley es de hecho una de las reivindicaciones más importantes de los sectores agrario y alimentario en los últimos años. El borrador previo al que esta semana estudia el Consejo de Ministros contemplaba la obligatoriedad de los contratos entre oferta y demanda, establecía un código voluntario de buenas prácticas, una lista de prácticas abusivas de la distribución y -esta es una de las claves de la norma- una política dura de infracciones y sanciones. Además, se baraja la posibilidad de que se regule la fijación de precios que se pagan al productor, lo cual podría poner en peligro las ofertas agresivas de los supermercados a través de las marcas blancas.

Los productos de alimentos y bebidas han venido respaldando la ley, a diferencia de las cadenas de distribución, que han sido poco explícitas. Los fabricantes resaltan la "importancia" de que el texto defina lo que son las prácticas abusivas y que, a partir del Observatorio de la Cadena Alimentaria, se controlen esas acciones, "pues los códigos voluntarios no funcionan".

El organismo que vela por la competencia ha sido muy crítico con el texto. Considera que para regular y limitar el libre mercado hay que detectar el fallo del mercado. Lo que ocurre en la cadena alimenticia son para Competencia asimetrías, pero no un fallo de mercado.

La postura de la CNC está "en la misma línea" que la de las autoridades comunitarias de la competencia, que propugnan "aplicar las normas de competencia a todo lo que tenga que ver con el sector agrario y agroalimentario como la mejor forma de mejorar su eficacia".

La CNC es partidaria también del establecimiento de "mecanismos de potenciación de la posición en el mercado" y del poder de negociación de la oferta, es decir, de los productores. En este sentido, el objetivo sería que la 'parte débil' del mercado agrícola y ganadero fuera "capaz de establecer mecanismos de reequilibrio en el mercado sin necesidad de una fijación artificial de precios".

Asimismo, abogan por el fortalecimiento de la posición negociadora con medidas como la obligación de firmar contratos y de que exista un registro de contratos, o la posibilidad de establecer la "legitimación activa en las administraciones públicas para, en aplicación de la Ley de Competencia Desleal, promover la acción de la justicia en los tribunales ordinarios".

El trámite parlamentario de la ley y la presión de los 'lobbies' de ambas partes va a traer cola con todo este asunto. Y si no, al tiempo. [IDNet Noticias]

@Jorcha

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