La otra cara de la moneda

La lista de los defraudadores de Montoro, ¿un tiro en el propio pie del PP?

La necesidad imperiosa de recaudar dinero que tiene el Gobierno le ha llevado a meterse en un embrollo de gran envergadura en el que uno de los grandes damnificados puede ser el propio Partido Popular, que sustenta al Gobierno.

La reciente amnistía fiscal, las revelaciones hace unos meses de cientos de cuentas secretas de españoles en Suiza por parte de un empleado de banca de ese país y los casos de corrupción que sacuden al partido conservador están dando lugar a una situación que puede tildarse de explosiva para el Gobierno.

Ante el estupor y la indignación general que se produjo en diciembre tras conocerse que el mecanismo de gracia para los defraudadores había aflorado 40.000 millones euros de patrimonio pero solo una recaudación de 1.200 millones, el ministro de Hacienda sorprendió al respetable al anunciar que publicaría una lista con los grandes defraudadores. Era una manera de lavar imagen y de meter presión a los que tienen todavía patrimonio en el extranjero, con el fin de que lo repatríen.

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Desde entonces hasta ahora, pocas aclaraciones sobre qué criterios seguirá el Gobierno para dar los nombres de la lista. Porque desde entonces hasta hoy ha estallado con inusitada fuerza el asunto de los supuestos sobresueldos en dinero negro pagados a la cúpula del partido durante muchos años. También se ha conocido que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, supuesto pagador de esas gratificaciones y a quien se investiga por atesorar en Suiza un patrimonio de 22 millones de euros, se ha acogido a la amnistía fiscal. Y posiblemente también lo han hecho varios implicados del partido en la trama Gürtel.

A partir de ese momento Hacienda ha entrado en estado de shock. De hecho, el fisco había dado garantías a los ciudadanos que se acogiesen a la amnistía de que toda la operación se realizaba bajo estricto secreto y de que eximía de cualquier responsabilidad tributaria o penal al dinero y a las personas que lo afloraran por esta vía.

En estos últimos quince días, el equipo de Montoro se ha desdicho de esas promesas y ha anunciado que se investigará a los miles de personas que han aflorado dinero negro. La confusión y el caos es tal, que la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, tras adelantar esta iniciativa, poco después, a micrófono cerrado, aseguraba: “No sé ni lo que he dicho”.

Y de la lista famosa poco se sabe. Se desconoce si sólo va a incluir a condenados por vía penal o también a los sancionados por vía administrativa. Si se toma como referencia el ejemplo de otros países que ya publican listas, como Reino Unido, son, en su mayoría, delincuentes sentenciados a cárcel por contrabando de alcohol, tabaco o fraudes masivos de IVA. Por aquí pueden ir los tiros en el caso del proyecto de Montoro. Según el Código Penal, se considera delito fiscal el fraude superior a los 120.000 euros de cuota defraudada por año y tributo. Si así fuera, pocos políticos veríamos en esa lista, porque no ha habido sentencias sobre cantidades tan voluminosas.

Una gran decepción para quienes esperaban encontrar millonarios de todo tipo y condición con voluminosas cuentas en Suiza o las Islas Caimán. IDNet Noticias]

@Jorcha

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