¿Es este el primer aviso del ‘tsunami’ que se avecina sobre las pensiones?

La mayoría de expertos coinciden en que el sistema de pensiones de la Seguridad Social está en peligro como consecuencia de la demografía española y el bajo nivel de personas ocupadas que generan ingresos para el sistema público de jubilación. En 2015, el número de muertes superó por primera vez al número de nacimientos, y esta tendencia se acentuará en el futuro, provocando un paulatino envejecimiento de la población. Las proyecciones oficiales apuntan a que de aquí a 2066 la población española caerá en más de 5 millones de personas al haber más defunciones que nacimientos dado el bajo nivel de natalidad..

La proporción entre contribuyentes a la Seguridad Social y perceptores de prestaciones va a empeorar. Y cada vez son más los políticos y expertos que tratan de dar solución a un problema estructural que afectará a los futuros pensionistas, proponiendo medidas para paliar sus efectos.

El número de jubilados se va a duplicar en pocas décadas. Pasaremos de 8 millones de pensionistas a 15 millones cuando la generación del baby boom llegue al retiro y con una esperanza de vida que supera los 80 años. Ellos notarán el impacto de las dos últimas reformas que todavía no están plenamente en vigor.

Hace unos días el Gobierno daba el primer aviso al proponer una medida polémica: que sea posible cobrar el 100% de la pensión y trabajar al mismo tiempo. Parece que es el aperitivo del tsunami que viene sobre las pensiones: subida de impuestos, de cotizaciones, desgajar las pensiones de viudedad de la Seguridad Social, y otras que pueden surgir.

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De momento ya se ha hablado de separar de la caja de la Seguridad Social la financiación de las pensiones de viudedad, que se nutrirían de algún impuesto, posiblemente nuevo y que podría crearse sobre los combustibles fósiles.

Otra solución más drástica y con un gran impacto social y coste político sería aplicar el nuevo índice de revalorización de las pensiones de forma pura, lo cual provocará inmediatos recortes de la cuantía de las pensiones actuales.

De hecho, tal como están los ingresos y gastos del sistema en la actualidad habría que recortar las prestaciones de inmediato, según José Enrique Devesa, doctor en Economía por la Universidad de Valencia y uno de los miembros de la Comisión de Expertos que elaboró el estudio previo a la última reforma de las pensiones.  En concreto si aplicáramos directamente este indicador, las pensiones tendrían que haber bajado un 1,21% el año pasado, reducirse un 2,52% en 2016 y bajar aún más el año que viene, un 3,11%. Esto no ha ocurrido porque se estableció una subida mínima del 0,25% por motivos políticos y electoralistas. Pero será difícil, casi imposible, que esta aplicación pura la haga un partido sólo sin buscar compartir el coste político de esta medida con otros.

UGT por su parte, propone retirar las bonificaciones empresariales en las cotizaciones y la tarifa plana, lo que aportaría 3.700 millones de euros más al sistema, y también plantea destopar -que se puede cotizar más cada mes- las bases máximas de cotización, lo que podría suponer 7.000 millones más de ingresos.  El Gobierno en funciones rechaza esa primera propuesta.

Pero no la segunda. De hecho el ejecutivo podría volver a subir esas bases máximas de cotización, que ya subió y sobre la que se fija el tipo de gravamen que paga cada mes la empresa y el propio trabajador para tener derecho a prestaciones. Esto exigiría subir también las pensiones máximas pero elevando más lo que se aporta que la futura pensión. De este modo se ampliaría la brecha entre base de cotización máxima (3.600 euros) y pensión máxima (2.567 euros), que en la actualidad es del 30%. En definitiva, agárrense que ya va a haber gobierno y vienen curvas.

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