La otra cara de la moneda

El valor de la vivienda se desploma menos para Hacienda, que exige impuestos sobre precios de burbuja

Los precios de la vivienda están cayendo de forma significativa, sobre todo en algunas zonas. Los bancos están soltando lastre de forma acelerada y la llegada del banco malo, que ha absorbido miles de pisos vacios de la banca para proceder a liquidarlos, presiona los precios del mercado a la baja.

Se pueden encontrar gangas de todo tipo, incluso desde 15.000 euros, aunque, claro, habría que ver cómo y dónde están esas viviendas. Es habitual encontrar anuncios de entidades financieras, rescatadas y no rescatadas, que ofrecen inmuebles nuevos por precios que oscilan entre los  40.000 y los 50.000 euros. Los pisos baratos se reparten por toda la geografía española, desde localizaciones en plena naturaleza hasta municipios pequeños con cierta actividad urbana.

Pero, ¡Cuidado! Si es usted potencial comprador, la alegría de ver precios asequibles puede verse agriada por un compañero de viaje omnipresente y todopoderoso: Hacienda.

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El fisco no se conforma con recaudar los impuestos que gravan la vivienda en función del valor de venta real. Las administraciones andan tiesas, sin un duro, y Hacienda quiere recaudar, y recauda, en función del precio que ella le otorga a los pisos y que, curiosamente, ahora suele estar por encima del valor de mercado.

Partiendo de esta premisa,  la Hacienda central o la autonómica, según el impuesto abonado (IVA para vivienda nueva e ITP para usada)  va a solicitarle la diferencia entre el saldo del impuesto a pagar en función del precio real del inmueble y el que resulta de aplicar el precio de tasación fiscal, normalmente superior.

Cada Administración autonómica utiliza diferentes criterios para establecer estos valores. En algunos casos se toma como referencia el valor catastral del inmueble, al que se multiplica por un determinado coeficiente corrector en función de su ubicación. Es el caso de Cataluña o Andalucía.

En la Comunidad de Madrid, por el contrario, se segmenta el territorio en zonas y a cada una se le aplica un determinado valor por euro el metro cuadrado, que después se pondera en función de la antigüedad de la construcción.

Idealista.com ha realizado una simulación práctica sobre  una vivienda concreta por la que se piden 43.000 euros. Consultado su valor en el catastro, resulta un valor mínimo de referencia de 72.072 euros. Los efectos sobre el bolsillo del comprador son evidentes. Si se liquida el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, del 7%, sobre los 43.000 euros cerrados con el vendedor se deberían pagar 3.000 euros a Hacienda. Si se sigue la pauta del fisco habrá que abonar por ese mismo  impuesto 5.045 euros. Es decir, que Hacienda puede reclamar a posteriori, y es probable que lo haga, 2.000 euros.

Además, si se admite la exigencia de Hacienda sin recurrir y se abona, es posible que se nos exija que demostremos de dónde procede el dinero con el que se ha pagado esa diferencia de precio entre el valor de compra y el teórico fiscal, pese a que efectivamente la cantidad que falta hasta el valor catastral no se haya abonado realmente a nadie. Puede decirse que estamos ante   una práctica surrealista y,  lo que es peor, generadora de una inseguridad jurídica tercermundista.                          [IDNet Noticias]

@Jorcha

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