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El suculento negocio de robar cables en vías y autopistas

Entre 2010 y 2014 se produjeron 5.628 robos en los que se sustrajeron 1.248 kilómetros de cable sobre una red ferroviaria de 15.000 kilómetros, con un coste de 39,61 millones de euros. Los usuarios son las principales víctimas de este tipo de sucesos porque no es sólo el agravio hacia los pasajeros por los retrasos, sino que también hay un riesgo para la seguridad del convoy y otros trenes a su paso por esa zona o por zonas colindantes. A esto hay que sumar que también se roban los cables de alumbrado en muchos tramos de autopistas urbanas y sistemas de alumbrado público, con más de una veintena de detenidos los últimos díasen Castilla-La Mancha, Murcia y Andalucía.

El elevadísimo coste de estos robos coexiste con unos presupuestos de inversión y de mantenimiento ferroviario que cada año son más bajos, lo que degrada las instalaciones y afecta negativamente a la calidad del servicio. Las medidas de seguridad, preventivas y de reacción puestas en marcha se han visto superadas por el gran número de robos y actuaciones vandálicas que perjudican a los usuarios y a las mercancías pero, sobre todo, ponen en riesgo la seguridad de las personas.

En este contexto, el Grupo Parlamentario Catalán (CIU) ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno a reforzar las medidas de seguridad preventivas y de reacción dependientes de RENFE y ADIF y mejorar la coordinación del personal de ambos organismos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales para evitar los robos de cable y los desperfectos que se ocasionan en las infraestructuras ferroviarias.

[También de interés:La última propuesta de Ciudadanos: parar las obras del AVE para coger de una vez el tren de la innovación]

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El robo de cable de comunicaciones tiene consecuencias especialmente gravosas cuando se produce en estaciones cercanas a puntos de gran confluencia de trenes de las grandes ciudades. Por ejemplo, el delito cometido hace unos meses en Cataluña cuando un grupo de ladrones sustrajo 340 metros en dos puntos de la red del Baix Llobregat y en el ramal hacia el aeropuerto –próximas a Barcelona –afectó a más de 14.000 pasajeros en plena hora punta. Más de 60 convoyes sufrieron retrasos en las líneas de media y larga distancia, que se fueron acumulando durante cerca de cuatro horas hasta que los técnicos pudieron reparar los daños y recuperar la normalidad.

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A la vista de los datos, parece evidente que las actuales medidas de seguridad no son suficientes para atajar el problema y será necesario planificar nuevos medios a fin de evitar estos robos, disuadir a los ladrones y garantizar la seguridad de las infraestructuras.

Resulta lamentable que este tipo de problemas se produzcan en pleno siglo XXI, con la dificultad que entraña además la necesidad de vigilar –posiblemente con seguridad privada –miles de kilómetros. El asunto es si la vigilancia de las infraestructuras ferroviarias debe correr a cargo de los cuerpos de seguridad del Estado o, como sucede con las autopistas privadas, debe ser responsabilidad directa de quienes las gestionan, en este caso, ADIF.

¿Traerá el imparable desarrollo tecnológico de los últimos años alguna solución eficaz para este problema? Por ejemplo, utilizando drones para vigilar desde el aire, dar apoyo a los equipos de seguridad y hacer un seguimiento más efectivo.