El impuesto a los depósitos bancarios ya está aquí y parece que lo pagaran los de siempre

La falta de acuerdo para financiar a las CCAA en 2015 ha llevado al Gobierno a retomar este impuesto que estaba hibernado y ya se habla de un gravamen en torno al 0,03%. Esto supondrá que la banca tenga que pagar una tasa por la cantidad de dinero que guarde, pero los expertos creen que lo acabaremos pagando los clientes vía comisiones y una menor rentabilidad en las cuentas de ahorro. La polémica está servida.

El Impuesto a los depósitos bancarios no es algo nuevo, de hecho se trata de una herencia del Gobierno Aznar. La Junta de Extremadura fue la pionera en 2001 y con los años le han seguido Andalucía, Canarias y Cataluña (el año pasado). Temiendo que esta tasa se convirtiera en un motivo más de desequilibrio, el Gobierno se enzarzó con las autonomías en pleitos largos y complejos. Las primeras interpretaciones judiciales se conocieron el año pasado, cuando el Constitucional falló a favor de la Junta de Extremadura.

A la vista de que más autonomías se iban sumando al plan y de que el debate judicial se llevarían su tiempo, el Gobierno decidió neutralizar las aspiraciones autonómicas fijando un tipo del 0% para todo el Estado. Zanjado temporalmente el debate, ahora vuelve a abrirse el melón por la sencilla razón de que aún quedan muchos flecos pendientes para concretar el nuevo sistema de financiación de las autonomías a partir de 2015.

Todo parece indicar que Hacienda fijará un impuesto estatal y que negociará el tipo con las comunidades para evitar que cada una fije porcentajes a discreción. Es la solución de Montoro para mantener la unidad de mercado y evitar que algunas autonomías se desmarquen con tipos y condiciones difíciles de explicar en algunos foros.

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Ahora bien, ¿quién pagará de verdad este nuevo impuesto? ¿Cómo se gravará a las entidades? ¿Habrá distintos tramos de gravamen, según el capital invertido en depósitos? ¿Es justo penalizar a los ahorradores con aversión al riesgo o a quienes han tenido malas experiencias en el pasado con preferentes y demás? En definitiva, ¿dejará de ser rentable el ahorro para las familias que deciden guardar su dinero en depósitos, ya sea por comodidad, tradición, liquidez o simplemente miedo?

En principio resulta difícil creer que las entidades de crédito vayan a asumirlo en solitario. Según cálculos recientes del Gobierno catalán, el impuesto sobre depósitos permitiría a la Generalitat obtener 500 millones de euros, cantidad suficiente para devolver a los funcionarios la paga extra.

Por otro lado, también está por ver si los ingresos por esta nueva tasa irán al Estado y después lo distribuirá a las autonomías o si serán éstas quienes recaudarán el dinero directamente. Además, Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) se opusieron tajantemente en su momento a esta medida, argumentando que "fragmenta la unidad del mercado financiero español". Si en principio no ha cambiado nada desde entonces, ¿seguirán manteniendo esa posición en contra?

Si bien es cierto que esta solución puede servir como medida transitoria mientras se cierra el acuerdo de financiación autonómica, conviene ir aclarando los muchos puntos que aún quedan en el aire para que no se convierta en un parche ni termine recayendo, una vez más, sobre las maltrechas espaldas de los ahorradores.

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