Yahoo Finanzas El ejército de trabajadores ilegales en España
Los grandes empresarios lo denuncian. Dicen que en España hay un ejército de trabajadores ilegales, nada menos que 1,8 millones de personas forman parte de esa bolsa. Son sobre todo. por una parte, desempleados que trabajan y por otra, jóvenes que perciben al menos una parte de su salario en negro, según el estudio del Club Empresarial de la Competitividad, el CEC, un lobbie que agrupa a las 19 empresas más importantes del país.
Detrás de estas siglas encontramos a César Alierta, presidente de Telefónica y del CEC, Ana Patricia Botín (Santander), Pablo Isla (Inditex), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Francisco González (BBVA), Isidro Fainé (La Caixa) o Juan Roig (Mercadona), entre otros.
El CEC estima que, en la actualidad, hay 720.000 personas desempleadas sólo en teoría, porque, en la práctica, trabajan a tiempo completo o parcial. El estado corre con el gasto del paro y las empresas y empleadores se están ahorrando los seguros sociales, que, cuando se está en el desempleo, corren por cuenta de la Seguridad Social. Tampoco están declarando los sueldos, que se pagan con dinero negro y escapan al control de Hacienda. Sólo este tipo de trabajador oculto representa el 39% del empleo sumergido total que hay en España.
La iniciativa permitiría reducir el déficit público de forma sustancial, ya que se recortaría el costo de toda o parte de la prestación de desempleo y aumentarían los ingresos tributarios al aflorar un montón de actividad productiva. Recordemos que la Seguridad Social dedica a prestaciones de desempleo 1.900 millones al mes, según los últimos datos disponibles, de pasado mes de septiembre. Esta cifra no para de bajar desde hace meses por varios motivos: el recorte en las prestaciones, el importante número de parados que agota el subsidio y la bajada internanual del número de parados. En septiembre la cifra cayó un 18,1% respecto al mismo mes de 2013.
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Los inmigrantes no documentados, por su parte, aportarían otro 15% a ese ejercito ilegal, con 277.000 personas trabajando ajenos a los ojos de la Administración. En conjunto, este enorme colectivo de empleados en negro estaría generando en torno al 11% del PIB, que ahora no aparece reflejado en las estadísticas. Para combatir esa enorme porción de economía sumergida, los grandes empresarios proponen medidas como el aumento del número de inspectores de trabajo, con la cual se podrían aflorar unos 800.000 empleos extra, una cifra similar a la plantilla de la Administración Pública. Sólo con esta iniciativa se podría reducir la tasa de paro en 3,6 puntos adicionales.
El CEC da un dato revelador: en España hay 40 inspectores laborales por cada millón de habitantes; una cantidad similar a la de otros países europeos, con la diferencia de que la tasa de empleo sumergido es muy superior en nuestro país.
Al mismo tiempo, los miembros del CEC plantean una “transformación radical de la economía española que se basaría en la productividad, la educación y la competitividad”. Proponen medidas de choque en ocho campos, aunque las más contundentes y precisas se concentran en dos: el citado fraude laboral y el ajuste fiscal. También incluye el apoyo a la internacionalización, al desarrollo del tamaño empresarial y al impulso digital, entre otras. Con ellas, dicen, se conseguiría que la tasa de paro se sitúe por debajo del 11% en 2018, en el entorno del 10,3% o el 10,4%, frente al 24% actual. El Gobierno dice que toma nota, pero que tiene su propia hoja de ruta.
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