Austria deja caer un banco y anticipa la que se avecina en Europa
Austria ha dejado caer un banco: le ha retirado garantías ya dadas hace años para adaptarse a la filosofía de la nueva unión bancaria. El objetivo es que el agujero no lo paguen los contribuyentes y que sean los accionistas y acreedores los que paguen el pato, como en cualquier otro negocio. El desasosiego se ha extendido entre el resto del sector financiero, y ha llegado para quedarse.
Porque esto es lo que significa la famosa unión bancaria: un control estricto de los bancos por el BCE, un fondo para reflotar bancos pero también el fin de las inyecciones de dinero público a fondo perdido y de la impunidad de accionistas, acreedores y depositantes respecto al banco del cual son dueños, prestamistas o clientes. La filosofía es que cada palo aguante su vela.
Cuando un banco sea insolvente todos esos colectivos asumirán sacrificios con un orden de prelación, como en cualquier otro negocio. Incluso los depositantes con más de 100.000 euros en una entidad podrían sufrir pérdidas de su patrimonio.
Austria ha tomado nota de ese espíritu de la unión, y ha puesto en práctica por primera vez –exceptuando el caso de Chipre- esta filosofía ante los problemas que arrastra uno de sus bancos.
El ministro de Finanzas de Austria, el democristiano Michael Spindelegger, argumenta que el objetivo es que todos los tenedores de capital participen en el proceso de reestructuración del banco y que la carga no recaiga solo sobre el Estado. Dice el ejecutivo austriaco que esta medida no sienta ningún precedente y que se ampara en directivas de la Unión Europea (UE).
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Los críticos aseguran que se trata de una medida “inédita” en Europa que viola derechos fundamentales y contractuales. Los inversores afectados por la nueva ley, entre ellos, bancos y también el EstadoFederado alemán de Baviera, han denunciado que la medida no es justa y que causará más daños que beneficios.
Estos acreedores son propietarios de títulos de deuda subordinada aunque garantizada en su día por el Gobierno de la región austríaca de Carintia, propietaria originaria del Hypo Alpe Adria.
Desde su nacionalización hace casi cinco años, el Estado ha inyectado unos 5.500 millones de euros en el Hypo Alpe Adria y los expertos estiman que al menos otros 3.000 millones de euros serán necesarios en los próximos meses y años.
El banco Raiffeisen, el segundo del país alpino, ha sido el primero en poner el grito en el cielo al denunciar que la planeada quita supone un “ataque fundamental a los derechos fundamentales”.
De momento, las agencias de rating ya están metiendo presión. S&P ha amenazado con bajar la nota de solvencia de siete bancos y de cuatro estados federados austríacos al entender que la ley puede limitar la previsibilidad del marco institucional del país.
@Jorcha
IDNet