Es una conversación que se repite de vez en cuando entre corrillos de amigos: ¿has visto o tocado alguna vez un billete de 500 euros? ¿Lo has tenido entre tus manos? Para muchos se considera un mito, pero las estadísticas parecen desmentirlo: cada español guarda, por término medio, dos bajo las sábanas.
A priori sorprende, pero eso dice un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que, no obstante, pone las cosas claras. Estos dos billetes no se corresponden realmente con la realidad puesto que, como era de esperar, la mayor parte de estos son acaparados por unos pocos defraudadores. Para ilustrarlo mejor: si una persona no tiene ninguno y otra tiene 1.000, la media es de 500 por persona. ¿Real? No.
El problema es el fraude fiscal, un problema de nada más y nada menos de 200.000 millones de euros (la cuarta parte del PIB, aproximadamente), según Hacienda, que supone un 40 % del dinero en movimiento que se escapa al control tributario. Las cifras, además, coinciden prácticamente con el 23,3% del PIB que engloba a toda la economía sumergida. ¿Te suena lo de las famosas y mediáticas bolsas de basura? Por ahí van los tiros.
En total, y a final del 2011, el importe de los billetes de 500 en circulación en España era de 50.421 millones de euros, un 3,5% menos que en el año anterior por culpa de la crisis, que no perdona a nadie. Son, si haces matemáticas, 100 millones de papeles morados moviéndose entre nuestras fronteras. Esta cantidad supone nada más y nada menos que el 67,9% de todo el dinero en circulación, el doble que la media en la eurozona, donde ronda un 33%.
Todas estas cifras no hacen otra cosa que poner de manifiesto la necesidad y la oportunidad que tiene el Gobierno de controlar este impresionante flujo como salvación para el déficit en una época en la que las arcas del estado gastan más que ingresan, y si se equilibran es en base a unos recortes sangrantes.
En este sentido, la misión del PP es clara y así lo ha hecho saber: recortes extraordinarios en todas las parcelas a excepción de Hacienda, donde se pretenden contratar a más inspectores para controlar los flujos financieros que se escapan. A su vez, la vicepresidenta ya adelantó a principios de año la creación de un Plan General de Control Tributario que, entre otras cosas, limitará el uso de efectivo en determinadas transacciones financieras.
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