Yahoo Finanzas Transparencia para el poder, pero a cuentagotas
Lo que podría haber sido un avance decisivo para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Estado, los partidos políticos, las patronales o los sindicatos se va a quedar en un paso relevante pero algo descafeinado respecto a los objetivos iniciales. Hoy entra en vigor una parte de la Ley de Transparencia y lo hace, por obra y gracia de la crisis y los incesantes escándalos político-económicos que nos rodean, en un ambiente de abierto escepticismo sobre la eficacia de la misma. La sensación de que existe un pasteleo constante entre las instituciones y poderes públicos para amoldar la ley a su capricho explica gran parte de las dudas que suscitan a los españoles este tipo de norma.
La nueva ley es aparentemente ambiciosa. Obliga a los altos cargos a una serie de principios generales y de actuación, entre ellos, desempeñar sus funciones con transparencia, no valerse de su posición en la Administración para "obtener ventajas personales o materiales" o gestionar "adecuadamente" los recursos públicos.
No podrán aceptar "para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". "En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional --prosigue el texto-- se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Publica correspondiente".
El proceso de decisión a la hora de sancionar parece poco eficaz, ya que estará en manos del propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que normalmente estará muy ocupado como para atender con diligencia este tipo de asuntos.
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La mala gestión o el despilfarro de los recursos públicos también se persigue ya que se crean sanciones por incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero finalmente se ha desechado la idea inicial del Gobierno de imponer penas de cárcel para los gestores públicos manirrotos o irresponsables.
Se podrá sancionar a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos, o no justifiquen la inversión de los fondos. Se trata, añade el texto, de un "mecanismo de control fundamental que evitará comportamientos irresponsables y que resultan inaceptables en un Estado de Derecho".
En cuanto a la exigencia de que los partidos, los sindicatos o la patronal den cuenta de sus ingresos, finalmente sólo lo tendrán hacer de forma obligatoria sobre los públicos. Los privados podrán ser no declarados. que hoy entra en vigor se refiere a los aspectos de Buen Gobierno, el resto lo hará en un año.
La ley afecta a todas las administraciones públicas y organismos, entidades, asociaciones, corporaciones y fundaciones del sector público, así como a las sociedades mercantiles participadas por esas entidades en un 50%. También a la Casa de su Majestad el Rey Juan Carlos I, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, los partidos, los sindicatos y las patronales.
Las instituciones públicas afectadas estarán obligadas a publicar de forma periódica y actualizada su organigrama, sus planes programas, objetivos y actividades, con grado de cumplimiento e indicadores. También sus contratos, convenios, encomiendas de gestión, subvenciones y ayudas públicas concedidas, presupuestos, auditorías e informes de fiscalización. Todo se colgará en un portal público. Mucha información, que habrá que procesar y analizar para que llegue a la opinión pública.
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