Yahoo Finanzas Expropiar o multar por pisos vacíos: ¿una solución al problema de la vivienda o un brindis al sol?
Acabamos de saber que España, un país con 47 millones de habitantes censados, tiene 25,2 millones de viviendas, casi 4,3 millones más que en 2001. El 71% de ese parque de vivienda es principal y está ocupado, el 14,6% es segunda vivienda y el 13,7% está vacío. Es decir hay 3,44 millones de inmuebles deshabitados. Al mismo tiempo, existe un problema social y humano con las personas que pierden su casa por desahucio y otro con los precios de los alquileres, que siguen siendo altos por el momento, aunque la tendencia apunta a que irán bajando de forma progresiva. Es una extraña paradoja en un entorno social cada vez más explosivo y por eso dos gobiernos autonómicos han decidido probar una solución.
Andalucía ha lanzado la iniciativa al aprobar una norma que permite, por un lado, la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias que cumplan con una serie de requisitos y estén en riesgo de exclusión social. Por otro, el fomento del alquiler de viviendas vacías a través de un sistema de penalización en el que se multará con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles. Las sanciones pueden ser muy graves, graves y leves.
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En Andalucía hay entre 700.000 y un millón de viviendas vacías, según datos de la Junta, de las que la mitad es propiedad de personas jurídicas (bancos y empresas inmobiliarias). El decreto deja fuera de las sanciones a las personas físicas propietarias de pisos vacíos, a los que se les planteará un paquete de incentivos, sobre todo de carácter fiscal, para que pongan sus casas en alquiler. También se creará el Registro de Viviendas Deshabitadas.
Cataluña seguirá los pasos de Andalucía y castigará a los bancos e inmobiliarias que acumulen viviendas vacías. El Gobierno de Artur Mas no usará la potestad de expropiar, pero impondrá una tasa para tratar de movilizar las cerca de 450.000 casas vacías que estima que hay en la comunidad y abaratar los alquileres. La medida, no obstante, se aplicará sobre 70 municipios con demanda acreditada, supone otra autoenmienda de Convergència i Unió a su política económica, que hasta ahora rechazaba de plano el palo y apostaba solo por la zanahoria para resolver el acceso de los ciudadanos a la vivienda.
El Gobierno, por boca de Luis De Guindos, ha arremetido contra la decisión andaluza. Según el responsable de Economía, la consecuencia será que la banca dejará de dar hipotecas. “Los jóvenes tendrán aún más dificultad para acceder a la vivienda”, asegura el ministro y añade que esto se reflejará en un empeoramiento de la situación del sector de la construcción, lo que agravará el problema del paro.
La respuesta de las inmobiliarias tampoco se ha hecho esperar. El presidente de la patronal (APCE), José Manuel Galindo, ha criticado la intención del Gobierno catalán y ha recordado que "no tenemos viviendas ociosas por gusto", sino porque la falta de crédito sigue lastrando las compraventas. "Encima que no conseguimos nuestro objetivo, que es vender viviendas, nos penalizan , y añade que "habrá casos en los que será imposible poner las viviendas en alquiler, porque la rentabilidad que se obtenga no será suficiente para cumplir obligaciones como la amortización del crédito promotor".
Así, Galindo considera que esta medida es una penalización en toda regla que va contra la vocación y la lógica de la actividad inmobiliaria, y obliga, en la medida en que empuja a alquilar las viviendas, "a cambiar las línea de negocio" de muchos promotores, que no es otra que vender. Al final, parece que el problema es el de siempre, que no hay crédito de los bancos para nadie ni facilidades para alquilar.
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