El nuevo y preocupante sistema para fijar los precios de la luz, agua, correos o transporte

El ministro De Guindos y su equipo están cocinando estos días un nuevo mecanismo para fijar las subidas de los precios de los servicios públicos regulados (transporte, luz, teléfono, servicios postales, sanciones...). En teoría es para limitar sus subidas y controlar la inflación pero inmediatamente, conociendo cómo funcionan los gobiernos en este país y teniendo el cuenta el corto pero intenso historial de subidas de impuestos, tasas y precios públicos aplicado por el PP, surgen serias dudas sobre la verdadera intención del Gobierno. Los precios de todos esos servicios básicos se desvinculan del tradicional IPC y se actualizarán en función de un concepto que puede dar lugar a fuertes subidas: subirán según sus costes de producción.

No hay que irse muy lejos para recabar ejemplos que nos dan que pensar. Recordemos lo que está pasando con la tarifa de la luz. Ha subido varias veces este año, la última en agosto, y ahora en octubre volverá a subir el 3,1% más. Entre 2007 y 2011, el incremento del precio de la electricidad para viviendas ha sido del 156%.

Hasta ahora, los precios de servicios básicos como el agua, la telefonía, los peajes, el tren o los servicios postales se actualizaban el 1 de enero utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores. La propuesta en la que trabaja el Gobierno eliminaría esta vinculación al IPC y analizaría las subidas de precios sólo teniendo en cuenta los costes que supone la prestación de dichos servicios.

En paralelo, a partir de 2014 los contratos firmados por la Administración con sus proveedores dejarán de actualizarse con el IPC. Lo harán de acuerdo con otra referencia que prepara el Ministerio de Economía que tendrá presente los precios españoles, los europeos y la competitividad perdida por España en la era de los euros, apuntan en el mismo departamento. Este nuevo índice tendría un tope del 2% –el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)– y un suelo del 0%.

El Gobierno pretende que este mecanismo para fijar topes a las subidas de estos contratos se traslade al sector privado para acabar con las cláusulas de los contratos entre particulares que vinculan los precios al IPC, por ejemplo, los alquileres de vivienda.

[También de interés: La brutal subida en el precio del agua que se avecina]

El departamento que dirige Luis de Guindos espera tener listo el nuevo índice esta misma semana. El objetivo teórico de esta norma será acabar con la brecha que suele haber entre la inflación española y la europea para no perder competitividad por esta senda. Desde que se creó la zona euro, en 1999, los precios españoles han crecido en 39 puntos porcentuales, frente a los 27 que han aumentado en el conjunto del área monetaria.

Los últimos datos oficiales sobre la inflación -los de agosto- arrojan bastante luz sobre lo que está pasando hasta ahora. Por ejemplo, el precio de la Universidad ha subido de media un 22,3%, reflejando así las nuevas tasas con las que estrenan el curso los estudiantes.

La educación infantil y la educación secundaria suben también más que la media de los precios, un 2,8% y un 3,1%. Mientras tanto el índice general del IPC cerró agosto en el 1,5% y la subida media de los salarios en los convenios en lo que va de años es un 0,6%.

Estos no son los únicos precios en sectores regulados que registran cambios en el último año muy por encima de la media de los precios. El transporte público urbano (4,7%) e interurbano (3,4%), engordan la lista de servicios públicos a los que a los ciudadanos, con o sin empleo, les es cada vez más difícil acceder. También los medicamentos suben un 8%. A partir de ahora ¿será peor el remedio que la enfermedad?.

IDNet Noticias
@Jorcha