Yahoo Finanzas El último rejonazo del Gobierno a los parados, en entredicho por el Defensor del Pueblo
El último rejonazo a los parados aplicado por el Gobierno va a traer cola. La privatización de las políticas de gestión activa del empleo a través de agencias de colocación incluye un polémico incentivo a las agencias por delatar a parados que no acepten ciertos puestos de trabajo puede ser ilegal. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido ahora al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que tome cartas en el asunto y suprima ese incentivo económico por considerar que se trata de una "retribución indebida", que prima una acción a la que están obligados por el mero cumplimiento de la ley.
Becerril entiende que este incentivo "pervierte el sentido de la norma", pues convierte "en objetivo susceptible de retribución con fondos públicos lo que constituye un deber exigible a la agencia de colocación, de obligado cumplimiento en el desarrollo de su actividad". La Defensora del Pueblo ha hecho esta recomendación tras analizar la denuncia que le realizó al respecto la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet). Esta asociación tiene sus "dudas" sobre si el Ministerio cumplirá con ella y procederá a la supresión de este incentivo. De ser así y no seguir Empleo la recomendación de la Defensora, adoptarán acciones legales.
Para Andet el pliego administrativo del acuerdo marco entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación abría una nueva vía de iniciar el trámite de denuncia "por un cauce informal" y sin las mínimas garantías legales.
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"La incentivación económica en los términos expuestos resulta más cercana a acuerdos en forma de recompensa que no son propios de un Estado de Derecho, convirtiendo a las agencias de colocación de carácter privado en cazarrecompensas al margen del control de la legalidad vigente", subrayaba la asociación en el escrito enviado a Becerril.
En dicho pliego se establece que las agencias de colocación percibirán un incentivo "por resolución de irregularidades", consistente en el pago de hasta el 15% de lo que le correspondería por insertar en el mercado laboral a la persona en paro encomendada, siempre y cuando a consecuencia de la información proporcionada por la agencia durante la prestación del servicio se inicie un procedimiento que concluya en la imposición al parado de una sanción.
Es decir, que la denuncia de la agencia debe someterse al procedimiento administrativo sancionador habitual del Sepe, antiguo Inem, en el cual el denunciado puede alegar y recurrir contra la denuncia de irregularidad. Lo que se privatiza es la labor de policía y ésta se estimula con recompensas.
IDNet Noticias
@Jorcha
