Yahoo Finanzas De bajar impuestos, nada: llega el nuevo recargo que te cobrarán si quieres vender o alquilar tu casa
Nuevo impuesto, nuevo coste y nuevos trámites para los propietarios de casas que quieran alquilarlas o venderlas en cualquier zona de España. Mientras una parte del PP presiona a Rajoy para que rebaje impuestos, el Gobierno sigue aumentando, implacable, la presión fiscal sobre los españoles.
Tras las subidas de IRPF e IVA y el 'tarifazo', ahora el nuevo golpe al bolsillo se llama certificado de eficiencia energética. Este sábado entra en vigor el decreto que obliga a cada vivienda en venta o alquiler a disponer del documento que recoge el nivel de gasto en energía del inmueble. Mientras los certificadores se frotan las manos por lo que van a ingresar, los agentes inmobiliarios temen que sólo genere más costes y más arrendamientos en negro.
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Se abre un suculento negocio para ingenieros y arquitectos y al mismo tiempo se crea un nuevo impuesto a cambio de que las Comunidades Autónomas validen con sello oficial ese certificado. En definitiva, es un nuevo impuesto para los propietarios.
El Real Decreto 235/2013 obliga a que cada nuevo alquiler o venta de inmueble incorpore un documento que informa con exactitud sobre el consumo de energía que requiere la vivienda y valora su eficiencia con siete calificaciones, que van desde la excelencia de la letra "A" hasta el elevado consumo que marca la "G". Es la misma nomenclatura que se utiliza al etiquetar la eficiencia de los electrodomésticos.
El objetivo es loable: mejorar la eficiencia y por tanto reducir el gasto a futuro en calentar, enfriar o iluminar las viviendas de un país donde se ha construido mucho y muy mal. Casi todos los estados europeos avanzados lo tienen pero aquí en España llega en un mal momento. A largo plazo, su existencia impulsará la construcción o rehabilitación de edificios de alta eficiencia energética y a corto plazo provocará que los propietarios inviertan en equipos e instalaciones que ahorran energía.
Al mismo tiempo se informará de manera objetiva a los compradores y usuarios sobre sus características. Como ha comentado el director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, en un foro sobre eficiencia energética organizado por ABB España, se trata de abordar un problema endémico en España: “Cuando compramos la casa hacemos la inversión de nuestra vida sin saber la hipoteca energética que estamos asumiendo a futuro”.
Pero los agentes del castigado sector inmobiliario creen que llega en un momento inoportuno: en plena fase de meseta de la crisis, con un enorme parque de vivienda vacía y en gran medida envejecido o mal construido y en plena caída de precios de alquiler. De ahí que entiendan que el propietario va a tener más gastos, más dificultad para vender o alquilar. Creen que la nueva carga incentivará los alquileres en negro, con lo cual Hacienda y la Agencia Tributaria saldrán perdiendo.
Este certificado debe adjuntarse obligatoriamente en cada renovación o nuevo contrato de arrendamiento que se produzca a partir del 1 de junio. Para obtenerlo, el propietario contrata a un técnico autorizado -exclusivamente arquitectos, aparejadores e ingenieros industriales superiores y técnicos- que mediante mediciones en el inmueble -cerramientos y calidad de los aislantes- y un software específico elaborará un informe donde indicará la calificación de la vivienda según su gasto, el importe anual aproximado de las facturas de luz y gas y las reformas y las medidas que debería incorporar para mejorar el ahorro, y por tanto, subir en la escala energética.
El certificado para una vivienda de tamaño normal, de entre 70 y 80 metros cuadrados, se situará entre 150 y 200 euros. El precio dependerá de qué oferta y demanda haya. Es decir, estará liberalizado, como el de las ITV. A este coste hay que añadir la tasa que quieran cobrar las autonomías para validar que el certificado cumple los requisitos de análisis y se ajusta a la clasificación energética del decreto del Gobierno.
La tasa costará entre 0 y 40 euros, según la comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid cobrará casi 40 euros por este impuesto asociado al certificado energético según Certicalia.com, mientras que en comunidades autónomas como el País Vasco el coste será gratuito. En Baleares costará 4,78 euros, en Castilla La Mancha, 3 euros y alrededor de 12 euros en Galicia. En cambio, comunidades autónomas como Navarra, Canarias, Cantabria, Asturias o La Rioja tampoco cobrarán por registrar el certificado energético, al menos por ahora En resumen, propietarios, toca rascarse de nuevo el bolsillo.
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