Justicia en las redes sociales

Diez días después de haber sido víctima de un intento de atraco a mano armada, en esta joyería del centro de Vevey en Suiza, siguen conmocionados. Los presuntos autores fueron detenidos gracias a la ayuda del propietario. Yannick, su hijo, fue el primero en llegar al lugar de los hechos. Descubrió a su padre, herido. Su primer reflejo fue revisar las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los asaltantes e informar a la policía. De repente decidió publicar las fotos en las redes sociales: “Mi idea era facilitar a la policía la máxima ayuda en el menor tiempo posible mientras trabajaban e intentaban cortar las carreteras, defendernos”, indica Yannick Meylan. Las imágenes de los atracadores en las redes sociales son inmediatamente compartidas por miles de personas. Cinco horas después de los hechos, un internauta localiza a los presuntos autores y la policía practica su detención. “Sí, es positivo, han detenido a los criminales. No harán más fechorías, más daño a nadie durante los próximos meses. Esta debería ser una práctica habitual entre las fuerzas de seguridad”, indica Meylan. Una práctica eficaz pero ilegal. Sólamente la policía y la justicia pueden utilizar las imágenes como mecanismo de denuncia como explica el comandante de la Policía Judicial del cantón de Neuchâtel, Olivier Guéniat: “Es cierto que es un sistema utilizado por la policía. Se utiliza pero no sistemáticamente, no sin ton ni son. Hay un procso de reflexión porque están los fundamentos de la cadena del proceso judicial, como el derecho al olvido, la presunción de inocencia, la proporcionalidad también. Uno no puede hacer cualquier cosa de cualquier manera. Así que no es excesivamente deseable que los ciudadanos hagan por ellos mismos algo que el Estado no hace en situaciones como esta. La gente es terriblemente más severa que la justicia, más vengativa que el Estado de derecho cuando hay una discusión”. A menudo la misma policía no está al corriente de las denuncias difundidas en Internet. Hace algún tiempo, había una alerta que circulaba por las redes sociales. Uno o dos individuos seguían por las noches a mujeres jóvenes, cuando volvían a sus domicilios en una zona concreta de Ginebra. La descripción era bien detallada. Más de 800 personas reciben la notificación. Días más tarde una mujer confirma la denuncia en un comentario. Asegura que ha preferido utilizar Facebook que acudir a la policía: “La solución más fácil para mí fue utilizar directamente una red social porque sé que la difusión es más rápida. Creo que a primera hora de la tarde la foto ya circulaba, la habían visto no sé cuántas veces y no ví el interés en presentar además una denuncia”, explica esta mujer que prefiere mantenerse en el anonimato. Este tipo de acciones resultan útiles para los usuarios de las redes sociales, pero a nivel legal la policía suiza no puede hacer nada sin una denuncia. “Prefiero que finalmente todas las acciones se circunscriban a una dimensión judicial, que sean dirigidas por profesionales, especialmente formados para este trabajo y que están, a su vez, controlados por una autoridad. Si un ciudadano empieza a hacerse con el poder, esto supone una verdadera ruptura de la cadena de confianza del sistema judicial”, añade Guéniat. 1,5 millones de personas tienen una cuenta activa en Facebook. Esta nueva cultura de Internet, omnipresente, cambia los hábitos. La instantaneidad, la posibilidad de alertar a un mayor número de personas hace crecer la tentación de una justicia civil en las redes sociales, una justicia fuera de control.