El genoma silvestre, un tesoro en disputa entre el norte y el sur

Entre los puntos clave del acuerdo global de biodiversidad de la COP15 adoptado en diciembre en Montreal, se encuentra un mecanismo multilateral para garantizar el “justo y equitativo reparto de los beneficios que surgen del uso de recursos genéticos a partir de la información secuenciada digitalmente”. Funciona así: los países en desarrollo cobrarán de empresas que recurran, por ejemplo, a datos sobre el genoma de plantas de sus territorios para hacer productos cosméticos o fármacos, entre otros.

“Los recursos genéticos están definidos como el material de origen vegetal, animal o microbiano que contiene funcionalidades de herencia, es decir, ADN; y cuya utilización puede permitir un uso nuevo y propiedades nuevas, tanto a nivel científico como comercial”, explica la abogada franco-peruana Patricia Cuba-Sichler.

Desde la entrada en vigor en 2014 del protocolo de Nagoya, que firmaron 127 países, su uso ha estado reglamentado. Sin embargo, en los últimos años, con el desarrollo científico y tecnológico, se ha conseguido secuenciar el ADN de plantas y animales de todo el planeta y ponerlos en línea.

Con bases de datos accesibles desde un ordenador, investigadores o empresas ya no necesitan tener físicamente la planta o el animal que necesitan, sino que les vale con su secuenciación genética para desarrollar moléculas de síntesis que usan luego en la creación de sus productos. Estos bancos se han vuelto muy importantes para sectores como el agroalimentario, farmacológico o el cosmético.

“Esto no estaba previsto en el protocolo de Nagoya, entonces se convierte en un punto neurálgico del debate y la discusión en la medida en que hay un acceso pero que escapa a todo control y a toda reglamentación”, afirma Patricia Cuba-Sichler, que asesora a empresas vinculadas con la utilización de recursos genéticos originarios de América Latina.

Una especie de vacío legal porque hay dos principios básicos del protocolo de Nagoya que no se pueden aplicar ante estos datos genéticos digitalizados. “Uno es el que establece que el acceso debe ser hecho dentro de lo que se llama un consentimiento en conocimiento de causa”, puntualiza Cuba-Sichler, pero efectivamente en el caso que nos ocupa no se aplica, puesto que se accede de forma libre por Internet, ya no hay que viajar al país de origen para tener acceso a la planta o al animal en cuestión.

“El otro importantísimo es la parte de la retribución, porque al escapar al control ya no se fijan las condiciones que normalmente se negocian de beneficios”, añade la experta, que actualmente está negociando entre empresas y gobiernos alrededor de un 1% de los beneficios netos del derecho de propiedad intelectual o de las ventas.

Es por eso que para América Latina era sumamente importante abordar este tema. “Lo que se acordó es la creación de un mecanismo multilateral de intercambio de información y de fondo de retribución, precisamente para poder tener una retribución justa y equitativa para el país que es originario”, explica Patricia, que se muestra confiada en que las empresas respetarán las reglas del juego.

“Las empresas que trabajan con recursos genéticos están el día de hoy en una lógica de puesta en conformidad y creo que más allá del valor vinculante escrito de la norma, está también esa visión”, concluye la experta.