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Desarticuladas cinco organizaciones criminales que ocultaron más de 400 millones explotando clubes de alterne

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que explotaban importantes clubes de alterne ubicados en distintos puntos de la geografía nacional. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros en el periodo. Esta red había blanqueado los beneficios obtenidos mediante un entramado societario que giraba en torno a una sociedad guipuzcoana que se encontraba bajo investigación desde 2010. Las investigaciones han durado varios años, durante los cuales se han analizado más de 750 cuentas bancarias, lo que ha permitido relacionar la sociedad guipuzcoana con los clubes de alterne de los que procedía el dinero blanqueado. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han procedido al registro de 14 clubes y 21 domicilios, tanto físicos como jurídicos y ha detenido a 66 integrantes de las cinco organizaciones desarticuladas. Además, han localizado a 349 potenciales víctimas de explotación sexual en los clubes. La operación se encuadra dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. El análisis de más de 750 cuentas bancarias por parte de la Agencia Tributaria permitió establecer las relaciones existentes entre la sociedad facilitadora y los clubes. Los clientes de los clubs investigados debían abonar los servicios sexuales con tarjeta, utilizando para ello TPV específicos. Los pagos cargados a las tarjetas, que incluían una comisión del 10% que posteriormente se repartían entre los clubes y la sociedad, se ingresaba en cuentas bancarias cuyo titular era la sociedad guipuzcoana, y en la que figuraban como apoderados personas de confianza de los clubes en los que estaban instalados los terminales. La mayor parte del dinero que se ingresaba en dichas cuentas era retirado posteriormente por esos apoderados a través de empresas vinculadas al entramado, lo que dificultaba enormemente el rastreo del origen del dinero. Tanto la sociedad facilitadora como los clubes declaraban las operaciones supuestamente realizadas entre ellos como compraventas o arrendamientos. En otras ocasiones las declaraban por importes inferiores a los reales o, simplemente no las declaraban. Finalmente, el dinero era blanqueado e introducido en el sistema financiero convencional utilizando mecanismos diversos, como el pago a trabajadores en metálico, la compra de bienes inmuebles, muebles o las inversiones en otros países, habiéndose detectado operaciones de compraventa de oro que llegaron a alcanzar los 6 millones de euros. La mayoría de las mujeres explotadas eran ciudadanas extranjeras que procedían de los estratos sociales más bajos de sus países de origen, constituyendo el principal pilar sobre el que se sustentan sus familias tanto en España como en dichos países, lo que las coloca en una situación de total indefensión y dependencia de las organizaciones que las explotan. En los clubes en los que ejercían la prostitución, eran obligadas a acatar toda una serie de normas impuestas por las organizaciones sobre cómo debían vestir y comportarse con los clientes, cómo realizar los servicios sexuales (imponiéndolas criterios como la no utilización de preservativos para determinados actos) y con un sistema de multas que debían abonar por diversos conceptos, como llegar tarde a la sala. Además, eran sometidas a un sistema de rotación entre los distintos clubes controlados por cada organización, lo que permitía renovar la oferta en los locales para así captar y fidelizar a una clientela que vería la oferta de mujeres renovada continuamente. Durante los registros se han intervenido más de 1.200.000 euros en efectivo, diversas obras de arte, oro, joyas y relojes de lujo, -alguno valorado en unos 30.000 euros-, cuatro armas de fuego y numerosa munición. Además, se ha procedido al bloqueo, por orden judicial, de 419 inmuebles, 160 vehículos, muchos de ellos de alta gama, 7 embarcaciones y numerosas cuentas bancarias a nombre de personas físicas y jurídicas en más de 30 entidades financieras.