Colombia y su responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica

La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública una sentencia histórica. El Estado de Colombia fue condenado por un plan de exterminio contra la Unión Patriótica. Se necesitaron 30 años de litigios para esclarecer la responsabilidad estatal en la muerte de 6.000 integrantes de este partido de izquierda. Un genocidio político orquestado en connivencia con paramilitares, fuerzas armadas, narcotraficantes y empresarios.

Es el año 1982. Belisario Betancur, un político conservador, ganó las elecciones en Colombia. En su discurso prometía que su prioridad era la paz. Inició conversaciones con distintos grupos armados, entre ellos, la otrora guerrilla más grande de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su capital era La Uribe, en el occidental departamento del Meta, y allí firmaron unos acuerdos de paz en 1984.

De esos acuerdos, un año después, nace la Unión Patriótica (UP). A ese partido se unirían los guerrilleros desmovilizados. Una transición de las armas a la política. Pero más allá de la guerrilla, al partido llegaron comunistas, sectores sociales e incluso miembros liberales y conservadores. Un espacio transversal para liderar cambios sociales en Colombia.

Imelda Daza, senadora del Partido Comunes y sobreviviente del genocidio mediante un exilio de 26 años en Suecia, recuerda aquellos días: "El nacimiento de la UP tiene gran acogida, porque el ambiente en la izquierda era de mucho optimismo político. (...) Se vivía cierta euforia por la lucha cívica y ciudadana".

En 1986, la Unión Patriótica participa por primera vez en unas elecciones. Desde los años 50, Colombia vivía un bipartidismo entre liberales y conservadores y la UP consigue los mejores resultados de la historia de la izquierda, convirtiéndose en el tercer partido más votado y una alternativa a los poderes tradicionales.

El candidato presidencial Jaime Pardo Leal logró más de 300.000 votos, sumando un 10 % del total, y en los comicios legislativos, el partido logra representación en el Senado, en la Cámara de Representantes y un gran número de concejalías y alcaldías. La Unión Patriótica se convertía en un fenómeno en Colombia. En paralelo, más de 300 militantes ya habían sido asesinados.

Del buen resultado electoral al "genocidio político"

Una fecha que marca la historia de Colombia es el 30 de agosto de 1986: Leonardo Posada, un maestro, escogido como representante, fue asesinado. En menos de 24 horas, también mataban a Pedro Nel Jiménez, senador, después de dejar a su hija en el colegio. Son los primeros cargos electos de la UP a los que se les trunca la vida. Esto hace que meses después, dos congresistas, Braulio Herrera e Iván Márquez abandonen la actividad política y vuelvan a la lucha armada de las FARC.

"Logramos un gran resultado electoral, que lejos de oxigenar la democracia, provocó preocupación al establecimiento y los clanes políticos, por lo que montan un macabro plan de exterminio. (...) Después del resultado nuestros concejales se empiezan a desarrollar en los concejos y empiezan a asesinarlos", cuenta Imelda Daza.

Pese al llamado de las FARC del regreso al monte de sus militantes, la Unión Patriótica decide continuar con su actividad. Pero con una nueva fase en la que el partido es señalado por el Estado, como el brazo político de las FARC. Un estigma que provocó que su exterminio creciese, pues el año 1988 es en el que más asesinatos se producen contra miembros y representantes de la UP.

Ese año se produce el asesinato de su candidato presidencial Jaime Pardo Leal, quien había obtenido un resultado histórico en los comicios previos.

Su sucesor como precandidato fue Bernardo Jaramillo Ossa, quien sería asesinado meses antes de las elecciones presidenciales de 1990. 24 horas antes de su muerte, el ministro de Gobierno, Carlos Lemos, había dicho que la UP era el brazo político de las FARC, a lo que Jaramillo Ossa respondió, que esa comparación era cómo colgarle una lápida del cuello.

Un plan de Estado: la unión de paramilitares, narcotraficantes y fuerzas armadas

En cada elección, la UP perdía cargos populares, militantes y votos. Muchos seguían en la lucha, pero otros, para evitar la muerte, escogían entre el exilio o el ingreso a las FARC. Los cambios que buscaba impulsar la Unión Patriótica retaban a los caciques tradicionales regionales del partido liberal y conservador, que, en varios casos, se beneficiaban de los negocios del narcotráfico y tenían relaciones con Pablo Escobar.

Sobre esto, Imelda Daza habla de las dinámicas históricas de Colombia: "En este país la democracia sigue siendo una asignatura pendiente, siempre lo ha sido. Colombia nunca ha estado preparada para que la voz de las mayorías, del pueblo, se escuche e incida en las decisiones que le afectan. Esa estrechez, esa falta de democracia fue lo que le permitió a la clase dirigente asumir el exterminio de la Unión Patriótica a través de mercenarios".

Además, el Ejército colombiano se basaba en la doctrina de defensa y seguridad anticomunista. Esto une al Estado con paramilitares, narcotraficantes y Fuerzas Armadas que comparten un enemigo: la izquierda. Así hablaba de los perpetradores en 1997 Jaime Caycedo, uno de los fundadores del partido: "Son miembros reaccionarios de grupos paramilitares. Por supuesto que conocemos muy bien las conexiones de estos grupos con las autoridades y miembros de la inteligencia militar".

Un genocidió que duró hasta 2002. Aquel año el Consejo Nacional Electoral le retiró a la UP la personería jurídica como partido político, argumentando su poca relevancia electoral. Esta decisión fue vista de negacionista, pues esa pérdida de peso fue en gran medida por su exterminio, que nunca le permitió competir con el resto de partidos en igualdad de condiciones. Por este motivo se le restauró la personería en 2013, y actualmente, forma parte de la coalición gobernante Pacto Histórico.

Con la elección como presidente de Gustavo Petro y como vicepresidenta de Francia Márquez, la izquierda llegó por primera vez al poder. Un resultado histórico, después de décadas sangrientas, en las que la izquierda no tuvo la posibilidad de participar de forma plena en política, por un exterminio, que, en el caso de la Unión Patriótica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabiliza al Estado de Colombia.