Amnistía Internacional critica la política de desahucios llevada a cabo en España
No reconocer la vivienda como un derecho fundamental del ser humano es el primero de los errores del que han hecho gala estos años las autoridades españolas y que señala alto y claro el último informe de Amnistía Internacional. Alcaldes y concejales impidiendo un desahucio han saltado a las portadas informativas, pero para quiénes han sufrido una de las 600.000 ejecuciones hipotecarias que se han llevado a cabo desde 2008 ya no es consuelo. En sólo dos años, 100.000 eran lo que llamamos primera vivienda, es decir, la casa principal que necesitamos todos. No un bien de consumo, no un lujo, una necesidad y un derecho, como recalca el informe. A la cola de Europa, el gasto en vivienda social se ha reducido en más de un 50% en los Presupuestos Generales del Estado entre 2009 y 2014. A la cabeza estamos, sin embargo, en vivienda vacía, un 30% de las que se concentran en todo el territorio europeo. Acusa Amnistía de no haber intensificado su uso y recoge también cómo se ha procedido durante estos años a la venta de inmuebles sociales a fondos de inversión. Una violación de derechos humanos extendida e invisible a pesar de todas las recomendaciones internacionales.