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Las claves de la multa esperada del Gobierno para las empresas que no paguen a 60 días

El anuncio de que Hacienda va a imponer multas ejemplares a empresas que no paguen a tiempo a sus proveedores ha levantado una verdadera polvareda entre empresarios, autónomos y profesionales. Sobre todo porque hace apenas un año el 95% de las administraciones públicas incumplía la Ley de Morosidad, con plazos medios de pago cercanos a los 150 días. Por suerte, hace algo más de un año el Gobierno decidió enmendar esta situación.

Los responsables de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que se han reunido con agentes del Ministerio que tutela Cristóbal Montoro, han arrancado al Gobierno un compromiso para introducir esta enmienda en el debate parlamentario de la Comisión de Trabajo. La decisión se incluirá con toda probabilidad en el anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo para las empresas la obligación de incluir en sus cuentas anuales información sobre sus plazos medios de pago de las facturas.

La futura normativa, que tendrá que recibir la luz verde del Congreso de los Diputados, establecerá diversas medidas de presión, entre las que destacan sanciones para las empresas que no cumplan con su calendario de pagos a sus proveedores. Aunque la cuantía de las sanciones aún está por definir, sí se ha dejado entrever que las multas serán “ejemplarizantes”, según la PMcM.



PRINCIPAL MOTIVO DEL CIERRE DE EMPRESAS
El retraso en el cobro de las facturas es de los principales motivos de cierre de empresas, apuntan los portavoces de la Plataforma. De acuerdo con datos publicados por la propia Administración Central, el 68% de los contratos de las empresas españolas establecen plazos de pago a sus proveedores superiores a los 60 días de límite que marca la ley. Esto supone que tales empresas se están financiando a costa de sus proveedores, al pagar más allá de los plazos que establece la Directiva europea y la Ley morosidad.

El colectivo de trabajadores autónomos ha sido uno de los primeros en aplaudir esta noticia, habida cuenta del coste que les supone esperar tanto tiempo para percibir el pago de sus servicios y de las dificultades que normalmente encuentran para financiarse. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) considera que esta iniciativa y el hecho de que el plazo medio de pago de las facturas se incluya en la auditoría de las empresas constituyen un avance para acabar con la lacra de la morosidad.

De acuerdo con los datos de ATA, el plazo medio de pago de las grandes empresas es de 127 días, si bien los trabajadores autónomos y las pymes pagan de media a 58 y 60 días, respectivamente. ATA ha sugerido además que se aproveche el cambio de normativa para poner en marcha un servicio de inspectores que comprueben “in situ” los plazos de pago de las empresas y su grado de cumplimiento de la Ley de Morosidad.

“Con la morosidad hay que tener tolerancia cero”, ha señalado Lorenzo Amor, presidente de ATA y Embajador de la Comisión Europea para la vigilancia de la morosidad. Si bien se ha avanzado en la reducción de la morosidad pública de los 148 días de media en febrero de 2013 a 111 días en marzo de 2014, la morosidad privada –en particular de grandes empresas –sigue siendo un lastre para la recuperación de autónomos y pymes y para la generación de empleo”.