UPyD reclama que los rescates autonómicos tengan exigencias previas y que los fondos se destinen a servicios

Pide que haya controles sin necesidad de que se detecten incumplimientos y que el Estado garantice los servicios públicos

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha registrado para su debate en el Pleno del Congreso una proposición no de ley en la que exige que los rescates a comunidades autónomas o corporaciones locales tengan requisitos previos que se deban cumplir antes de recibir el dinero, y que estas ayudas sean "finalistas", es decir, que su uso esté condicionado al mantenimiento de los servicios públicos.

La portavoz parlamentaria de la formación, Rosa Díez, ha explicado en rueda de prensa que la finalidad de esta iniciativa es que los rescates que se conceden a los gobiernos regionales o municipales se asemejen más a los que ha otorgado la Unión Europea, con condicionamientos "expresos y no sólo genéricos" y con garantías sobre el destino que se da a los fondos.

"Pedimos que no se dé el dinero hasta que (las comunidades o los ayuntamientos) no hagan determinadas cosas y no garanticen que no harán otras. El rescate con dinero de todos los españoles debe estar condicionado previamente a que se destine a políticas que garanticen la igualdad, preserven los servicios esenciales y eviten que se sigan produciendo despilfarros, usando el dinero en cuestiones no esenciales ni para los ciudadanos ni para el desarrollo futuro de esos territorios", ha abundado.

En particular, ha citado el caso catalán, donde UPyD teme que los recursos aportados por el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acaben destinados a "financiar planes secesionistas y no a resolver los problemas de los catalanes". "¿Se imaginan que Europa diera cientos de miles de millones a España y que el Gobierno dijera que, en cuanto lo recibiera, se iba a ir de Europa?", ha puesto como ejemplo.

Además, también ha criticado el mantenimiento de "redes clientelares" y otras estructuras de poder a costa de estos recursos públicos aportados por el Estado, tales como embajadas, televisiones autonómicas o, en el caso catalán, el nuevo Consejo para la Transición Nacional o la Agencia Tributaria catalana.

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Por su parte, el abogado de la formación, Andrés Herzog, ha precisado que en la letra de la iniciativa se reclaman controles a priori de las administraciones públicas con ayudas del Estado, y no sólo a posteriori como fija la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012.

"Proponemos crear controles a priori con los que no haya que esperar al incumplimiento para dar inicio a los mecanismos coercitivos, sino que haya condiciones expresas. Sorprendente que el rescate de Europa a España contuviera hasta 32 condiciones y el de España a las comunidades sea totalmente acondicionado", ha afirmado.

Además, la proposición de la formación magenta incluye la petición de modificar, en el plazo de tres meses, toda la normativa necesaria para incluir el procedimiento de declaración de responsabilidad por incumplimiento que ya existe para los casos de vulneración de normativas comunitarias.

Según este precepto legal, las comunidades autónomas pueden ser compensadas o sufrir retenciones de transferencias en el caso de que incumplan la normativa comunitaria y el Estado sea sancionado por ello, pero no hay ningún mecanismo similar si los gobiernos regionales se saltan leyes nacionales.

"Nadie, tampoco los poderes del Estado, pueden estar por encima de la Ley. Sin embargo, en los últimos tiempos venimos asistiendo a un preocupante incremento de los casos en que autoridades y cargos públicos desafían abiertamente al Estado, afirmando públicamente su voluntad de incumplir ciertas leyes e incluso transgrediéndolas abiertamente ante la pasividad del Gobierno y los poderes públicos competentes, lo cual traslada a la ciudadanía una imagen de absoluta impunidad y pone en peligro la propia Democracia", afirma la formación en su iniciativa.

Como ejemplo, se citan la "negativa" de la Generalitat de Cataluña a cumplir la obligación de ofrecer educación en castellano, su decisión de convocar un referéndum ilegal "haciendo incluso gala de ello" o su "amenaza de insumisión fiscal o incumplimiento del déficit". También se menciona la decisión del Gobierno vasco de pagar la paga extraordinaria a los funcionarios.

Por eso, UPyD pide que "el incumplimiento de las leyes españolas o la falta de lealtad constitucional habilite al Consejo de Ministros para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención de la deuda con las cantidades que deba transferir el Estado".

"Este precepto, que en otros países es obvio, en España no es así, y cada día nos encontramos con presidentes autonómicos que abiertamente manifiestan que incumplirán la legalidad vigente. Aunque sea una cuestión obvia, como en este país desgraciadamente las cosas más sencillas no se hacen, pedimos que en la ley que sea se fije un mecanismo para garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico", ha insistido Herzog.

EL ESTADO, GARANTE DE LOS SERVICIOS

Finalmente, la proposición incluye la petición de que el Estado establezca "los mecanismos necesarios para poder garantizar a los ciudadanos los servicios públicos esenciales en el caso de que las comunidades autónomas o las corporaciones locales destinen el rescate o las transferencias de fondos a otras finalidades distintas".

En este sentido, el abogado de UPyD ha recordado el anuncio del Ministerio de Hacienda de que está trabajando en un mecanismo para pagar directamente a los proveedores y evitar así que las administraciones públicas se financien a su costa, una actitud que "contrasta abiertamente" con lo que se está haciendo para garantizar los servicios esenciales a los españoles.

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