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¿Una nueva ola de fuga de empresas de Cataluña?

Junto a Mercedes-Benz y Nissan, Rolls Royce ha sido la última empresa de automóviles en anunciar que también abandonará Cataluña. De hecho, el destino elegido para su nueva sede en España no es otro que Alicante, donde también se trasladó el Banco Sabadell en 2017.

Rolls- Royce es solo una de las 7.000 empresas que han abandonado Cataluña desde el inicio del ‘procés’. El traslado de su sede, que llevaba en Tarragona más de 30 años y daba trabajo a cientos de empleados, es una decisión de elevado coste, pero que dotará de estabilidad a la firma y reducirá sus cargas fiscales. Así lo afirma el grupo noruego Kongsberg, su actual propietario, cuya primera decisión tras entrar la nueva directiva ha sido la de abandonar sus instalaciones en el polígono industrial de Constantí.

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Protestas en Barcelona ante el cierre de la fábrica de Nissan. Foto: Adria Salido Zarco/NurPhoto via Getty Images.

Además del cambio de propietarios, las razones del cierre de Rolls Royce en Cataluña son muy similares a las de Nissan; entre ellas, se encuentran la inestabilidad política en el territorio, los altercados y retrasos en la entrega de las piezas por los cortes en las carreteras. Pero no son los únicos que hacen mudanza: entre otros ejemplos, Jamaica Coffee Shop, el grupo inmobiliario Inmoglaciar o Moala Properties se situarán a partir de ahora en Madrid; y la firma Tra Consulting deja Barcelona para reubicarse en Baleares.

El efecto Montreal acecha de nuevo

Durante los 19 días posteriores al referéndum del 1 de octubre de 2017, un total de 917 empresas retiraron su sede social de Cataluña, según datos del Colegio de Registradores de España. Entre muchas otras, Cataluña se quedó sin la sede de sus dos entidades bancarias, Sabadell y CaixaBank, y sin una de las principales industrias de energía, Gas Natural. Este fenómeno ha sido bautizado como ‘efecto Montreal’ por algunos economistas, haciendo referencia a la pérdida de paso económico de esta ciudad tras los referéndums de independencia entre 1980 y 1995.

Hay que tener en cuenta que la simple celebración de un referéndum no implica que la independencia se vaya a hacer efectiva de la noche a la mañana, pero sí es cierto que genera cierta incertidumbre. Para combatirla, las compañías deciden reubicar su sede como forma de protegerse ante la posible pérdida de clientes o la desvinculación de los principales acuerdos comerciales. Si Cataluña llegara a independizarse, saldría de la Unión Europea, lo que traería varias complicaciones para las entidades, que no podrían obtener ayudas del Banco Central Europeo o beneficiarse de la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales.

Es cierto que una mayor estabilidad política conseguiría frenar esta situación, pero también que muchas decisiones que se han tomado en los últimos tres años son ya irreversibles, teniendo en cuenta lo costoso que resulta el traslado de una sede. Ante el movimiento independentista, que vive horas bajas ante la constatación de la inconsistencia de sus posiciones y las consecuencias inexorables que provoca, entre ellas el incremento de la incertidumbre, apostar por un entorno seguro va a seguir siendo la opción preferida de las grandes compañías.

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