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Revolcón militar y apuesta por la paz, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (1/2)

·7 min de lectura
© EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Este 28 de junio, y tras casi cuatro años de una titánica labor, la Comisión de la Verdad, nacida de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, presentó su Informe Final, en el que además de abordar los entresijos del conflicto armado, también presentó sus recomendaciones a todos los actores políticos, económicos y sociales del país. Entre las mismas, una transformación de la seguridad y la defensa con una mirada de paz.

En una nueva jornada histórica para Colombia, este martes 28 de junio, se presentó el Informe Final de la Comisión de la Verdad, el órgano encargado de esclarecer y recoger todos los relatos subyacentes del conflicto armado en el país andino.

El mandato de la misma, la cual se creó tras la firma de los Acuerdos entre el Estado y la desaparecida guerrilla de las FARC, echó a andar en noviembre de 2018 y concluirá formalmente el 29 de agosto de 2022, cuando se hayan hecho públicos todos los capítulos -los 10- del Informe y este haya sido divulgado y socializado por todo el territorio, con el objetivo de que todos los actores que conforman la sociedad colombiana -políticos, sociales y económicos- tengan acceso a las entrañas de más de seis décadas de zozobra para, desde ahí, poder construir un nuevo tiempo.

Este martes, en el acto de presentación de dicho documento en el mítico teatro Jorge Eliécer Gaitán, en el centro de Bogotá, el presidente de la Comisión, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, junto a nueve de los 11 comisionados que han liderado esta ardua tarea, dio a conocer el Capítulo 10 del Informe, donde además de sintetizar el grueso de los hallazgos realizados por el ente, también quedan reflejadas las recomendaciones que se le hacen al Gobierno para la superación efectiva del conflicto.

"La verdad tiene un sentido, que no es el de la venganza, sino el del diálogo, el acuerdo, la convivencia y la reconciliación", manifestó Gustavo Petro, presidente electo, que tomará posesión el 7 de agosto y que este martes, al contrario que el mandatario saliente, Iván Duque, sí estaba presente en la ceremonia de la Comisión de la Verdad.

"Leeré las recomendaciones que se me hacen, que se le hacen al pueblo colombiano, al Estado y a toda la sociedad", añadió Petro, quien también subrayó que su Gobierno, junto a su vicepresidenta, la abogada y lideresa ambientalista Francia Márquez -que fue víctima del conflicto-, harán "efectivas" las recomendaciones.

El padre De Roux hizo asimismo un llamado a "sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación". Entonces, enumeró algunos de los territorios más afectados por más de seis décadas de violencia armada:

"Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros desplazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés", concluyó el sacerdote, arrancando los aplausos de las gradas del teatro y las lágrimas de algunos asistentes al evento.

Entre las recomendaciones para superar ese "dolor" están, entre otras, la transformación de la seguridad y la defensa con un enfoque de paz; la implementación íntegra de los Acuerdos de Paz; el fin del prohibicionismo para con las drogas y la estrategia de guerra contra los narcóticos; el llamado al diálogo con la guerrilla del Ejército de la Liberación Nacional y la inclusión de las comunidades históricamente marginadas, como las indígenas, afro, palenqueras, raizales o rom.

France 24 destaca cinco puntos claves de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad al Estado colombiano.

  • Transformación de la doctrina militar y respaldo a la protesta pacífica

En términos de seguridad y defensa, la Comisión plantea hacer una "reflexión" que implica aristas elementales como la generación de una "nueva visión" de la seguridad como un "bien público"; la puesta en marcha de diálogos horizontales entre las instituciones del Estado y las comunidades y la transformación de la seguridad y la defensa a partir de una comisión destinada a tal fin.

Con el fin de "disminuir la militarización, poner en el centro el cuidado de la vida, la garantía de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario”, la Comisión presenta como clave el "direccionamiento civil de las Fuerzas Militares y la Policía".

Así las cosas, la Comisión alude, concretamente, a suprimir la pertenencia del cuerpo de la Policía Nacional al Ministerio de Defensa “para avanzar en el fortalecimiento de su carácter civil”, adscribiéndola al Ministerio del Interior, como rige en la mayoría de los países.

Además, la Comisión de la Verdad recomienda llevar a cabo la derogación de la obligatoriedad del servicio militar y la reducción del presupuesto de las fuerzas de seguridad “para que sean adecuadas a las necesidades institucionales y operaciones que se establezcan con la nueva visión de seguridad”.

"En el cierre del conflicto, y pensando en construir nuevas narrativas, hay que pensar en cómo el Estado puede dejar de estar presente en las regiones remotas solamente de manera militar y segundo, cómo las Fuerzas Armadas están realmente garantizando la seguridad, que es un foco de derechos humanos. Ahí está lo central y creo que por la narrativa que se construyó del enemigo interno, a las FFAA les cuesta mucho aceptar eso", dice la analista y experta Nargy Vargas en entrevista con France 24 de cara a las tensiones que pueden generar estas recomendaciones en algunos sectores de la sociedad.

Por otra parte, el Informe Final hace una llamado a que las autoridades del Estado colombiano refuercen con "mensajes públicos" el "respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de protesta social, y de rechazo a la violencia como medio de resolución de la conflictividad social”, así como recomienda que la Fiscalía cree un mecanismo para revisión y evaluar el "Protocolo de verificación de capturas, aprehensiones, traslados por protección y traslados por procedimiento policivo" de personas que hayan participado en las protestas sociales.

  • Implementación de los Acuerdos y creación del Ministerio de la Paz

Otra de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad pasa por que el nuevo Gobierno haga una apuesta decidida por la implementación integral y efectiva de los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado y las extintas FARC, que asimismo dieron pie al nacimiento de la Comisión.

"Al Gobierno Nacional, a las autoridades territoriales y al Congreso de la República, garantizar el cumplimiento pleno e integral del Acuerdo Final de Paz, desarrollando un plan de impulso a la implementación de todos los puntos del Acuerdo con enfoque territorial, étnico, de género y de derechos de las mujeres", reza el documento.

Para ello, desde el organismo sugieren establecer un diálogo abierto entre las instituciones, las instancias de seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos así como las autoridades territoriales y étnicas y las organizaciones que han participado del monitoreo. A partir de ahí, la recomendación es "establecer tiempos" que le den "claridad frente al horizonte de implementación" y "fortalecer el seguimiento con informes públicos y periódicos con enfoque territorial, étnico, de género y de derechos de las mujeres".

También se apuesta por la profundización de la construcción de la paz en los territorios, la aceleración de la implementación de lo dispuesto en el capítulo étnico y de género de los Acuerdos, cuyas fallas en la actualidad son grandes; así como la apuesta por un incremento de la financiación y las garantías para llevar a cabo la nueva estrategia de seguridad.

En el Informe también se subraya la desaceleración de la implementación de los Acuerdos en los últimos años, especialmente en lo que atañe a la atención de las víctimas y a la participación política.

Otra de las recomendaciones de la Comisión es que el nuevo Gobierno promueva la creación del Ministerio para la Paz y la Reconciliación, que apueste por “un claro enfoque territorial, que adicionalmente articule las políticas, programas y proyectos que se encuentran dispersos en diferentes sectores y entidades limitando su alcance e impacto y dificultando la recuperación del tejido social afectado por el conflicto armado y el restablecimiento de la confianza en la institucionalidad, ambas condiciones necesarias para potenciar los efectos de las medidas propuestas y hacer de la paz territorial un proceso sostenible”.

Según las recomendaciones, el Ministerio de la Paz podría trabajar junto con los de Educación, del Interior, de las Tecnologías de la Información y Comunicación para garantizar una política pública de la paz bien cimentada.

>>> Lea aquí la segunda parte de este informe.

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