PSOE, IU-ICV, UPyD, CiU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís rechazan los cambios para empleadas del hogar

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MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, CiU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís han anunciado este miércoles en el Pleno del Congreso su intención de votar en contra de la convalidación del decreto ley de Mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social, ante el que el PNV optará por la abstención a pesar de haber expresado también su discrepancia con muchas de las medidas incluidas en la norma.

Así, entre los argumentos compartidos por prácticamente toda la oposición destaca la crítica a que el Gobierno haya vuelto a recurrir al decreto ley, en este caso además en un "tótum revolútum" en el que mezcla temas de pensiones, empleadas del hogar o sector energético.

La socialista Isabel López i Chamosa ha criticado una reforma "precipitada" sobre una norma que "los informes calificaban de éxito", y ha alertado de que la disminución del número de tramos de cotización para las empleadas del hogar supondrá un "encarecimiento" de los costes. "Podíamos haber alcanzado un consenso total pero sólo tuvimos un consenso parcial porque no entendíamos las prisas", ha reconocido, pidiendo que se negocie con los agentes sociales en lugar de proponer modificaciones unilaterales.

También ha criticado los cambios en pensiones, dado que se confirma la no revalorización según el IPC (SES: E1:I12.SI - noticias) y la imposibilidad de consolidar ese derecho en 2014, y se busca garantizar la sostenibilidad recortando gastos cuando el problema, a su juicio, está en la caída de los ingresos como consecuencia de la reforma laboral.

En cuanto a los cambios energéticos, ha afirmado que el decreto "contiene la prueba del fracaso de Industria en la lucha contra el déficit tarifario" porque, "tras 4 decretos y una ley, ha imposibilitado que en 2012 se cumpla lo previsto y se ha ido el déficit a 5.000 millones" y además ha generado "incertidumbre e inseguridad jurídica" y ha frenado el desarrollo de las renovables.

"No han dejado títere con cabeza, han puesto todo patas arriba. Su Gobierno es la termita del Estado de Bienestar en nuestro país", ha concluido.

INCENTIVAR LA REGULARIZACIÓN

El diputado de IU-ICV-CHA Joan Coscubiela cree que este decreto ha "sobrepasado todos los límites" porque, además de suponer un "abuso" y un "ataque al Estado de Derecho", consuma un "desmán" con las pensiones, aborda una reforma "innecesaria" de la jubilación y perjudica a las empleadas del hogar "sin ninguna necesidad" y generándoles "inseguridad jurídica".

Además, se ha preguntado por qué el Gobierno no aprobó un decreto diferente para los temas energéticos si era tan urgente. "Quien hace 29 decretos hace 30", ha dicho, acusando al Ejecutivo de querer "camuflar" ese tema para que no se discuta. "Con la técnica del tótum revolútum, el Gobierno impide un debate de calidad. Se confirma que cuando un gobierno no tiene políticas hace muchas normas", ha dicho, instando a los grupos a no tolerar más este "abuso".

Álvaro Anchuelo (UPyD) también ha criticado la "falta de respeto" que supone legislar por decreto y mezclando "temas muy divergentes". Sobre el fondo de la norma, ha opinado que los resultados de la integración de los empleados del hogar eran "aceptables", aunque se pudiesen mejorar, por lo que el cambio tiene un fin "recaudatorio" que perjudicará a las personas que menos cobran.

"En un colectivo tan disperso y donde el control es tan difícil el enfoque debería ser incentivar fiscalmente la regularización", ha propuesto, reclamando además un "trato distinto" para los jubilados anticipados "obligatoriamente". Sobre las medidas energéticas, ha coincidido en que es el "reconocimiento de un fracaso" en la lucha contra el déficit de tarifa.

MÁS EMPLEO SUMERGIDO

El diputado de CiU Carles Campuzano también ha reclamado al Gobierno un "esfuerzo" para no "seguir abusando" de los decretos. Sobre los temas energéticos se ha limitado a señalar que se "reconoce un fracaso" y se "añade un nuevo parche a los parches" ya aprobados durante la legislatura.

En cuanto a los temas laborales, ha dudado de que los cambios para los empleados del hogar vayan a suponer mejoras sino, más bien, un "retorno a la economía sumergida", y ha propuesto ampliar sus condiciones de cotización a otros nichos como los trabajadores sociales o cuidadores para aflorar otros empleos en negro.

Finalmente, ha coincidido en que "no hay necesidad" de modificar ahora la Ley 27/2011 y ha pedido una política de "acompañamiento de los trabajadores de más edad" para que no pierdan poder adquisitivo en sus pensiones por no poder prejubilarse ni reincorporarse al marcado laboral. "Hay que continuar avanzando desarrollando la ley, pero buscando los consensos", ha concluido.

Joan Tardá (ERC)cree que "no es de recibo" trasladar a las empleadas del hogar todo el proceso de cotización, porque las pone en una situación de "indefensión" y no contribuirá a aumentar las personas regularizadas. Además, ve "inaceptable" la intención del Gobierno de "cargarse" la jubilación anticipada y parcial precisamente en este momento económico.

Según Olaia Fernández Davila (BNG) el decreto supone "dar un paso atrás en cosas que ya se habían mejorado". "Sugerimos que el Gobierno deje de gobernar a golpe de decreto, porque eso no es hacer las cosas bien", ha dicho, instando al Ejecutivo a esperar a llegar a acuerdos en el Pacto de Toledo para presentar una ley.

Joan Baldoví (Compromís-Equo) cree que este decreto "variopinto y multicolor" quita "tranquilidad" a los ciudadanos y supone un "maquillaje barato para encubrir una bajada ilegal de las pensiones, un retroceso para las empleadas del hogar y un castigo para las renovables"; mientras que Sabino Cuadra (Amaiur) ha coincidido en que se recortan derechos a un colectivo en situación de debilidad en relación con el empleador, y ha calificado el procedimiento de "chapucero y poco democrático".

EL PNV SE ABSTENDRÁ

Emilio Olabarria, del PNV, ha criticado la multitud de temas incluidos en el decreto. "Nunca he visto una cosa igual. Podríamos derogar el artículo 81 de la Constitución con este decreto. Como la jerarquía de las leyes ya no significa nada, podemos hacer lo que queramos", ha ironizado, reconociendo no obstante que hay ciertos aspectos en el decreto --cambios sobre régimen de empleadas del hogar o pensiones de orfandad, por ejemplo-- que sí les parecen correctos.

Sin embargo, también ha lamentado que "cada decreto que aprueba este Gobierno provoca nuevas calamidades y recortes de derechos" y que, en este caso, además se "adorne" con "los problemas del régimen energético y gasístico", si bien ha reconocido que es "razonable que no se pueda endosar a los ciudadanos ese déficit de tarifa sobredimensionado mediante".

CONVALIDACIÓN NECESARIA

Por parte del PP, Mario Flores ha defendido que la norma incluye una subida de las pensiones del 1% --del 2% las menores de mil euros mensuales-- y ha recordado que la suspensión de ciertos aspectos de la Ley 27/2011 sólo pretende dar tiempo al Pacto de Toledo a acordar cambios que eviten "desequilibrios en el sistema".

Con respecto a los cambios en materia energética, ha asegurado que "buscan proteger a los consumidores y garantizar la sostenibilidad del sistema" y evitar nuevas subidas de la factura. "Si no se hubieran aprobado estas medidas sobre déficit tarifario habría sido muchísimo mayor", ha asegurado.

"Esta convalidación es necesaria, se adoptan medidas sociales necesarias y urgentes para proteger a determinados colectivos como los empleados del hogar, los huérfanos, los jubilados, los parados... y otras medidas para la sostenibilidad del sistema eléctrico que no dejan de tener igualmente un carácter social ya que pretenden evitar nuevas subidas tarifarias que perjudicarían más directamente a los colectivos más vulnerables", ha añadido, pidiendo el apoyo de otras fuerzas políticas de la Cámara.

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