PSOE e IU-ICV piden suavizar los requisitos de la moratoria antidesahucios y congelar los intereses de demora

El BNG reclama cambios de más calado en la normativa Hipotecaria, Concursal y el Código Civil para atajar el problema

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reclaman al Gobierno que sauvice los requisitos para poder acogerse a la moratoria antidesahucios establecida en el proyecto de ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, así como congelar los intereses de demora mientras dure esa paralización de las ejecuciones, mientras que el BNG pide que se aborden directamente cambios de mayor calado en las normativas Hipotecaria, Concursal y el Código Civil para atajar de raíz el problema de los desahucios.

Así figura en los textos alternativos que las tres formaciones parlamentarias han registrado en el Congreso acompañando a sus enmiendas de totalidad al proyecto de ley, que prevé una moratoria de dos años en las ejecuciones para familias que cumplan ciertos requisitos económicos y sociales, y la creación de un fondo de viviendas en alquiler social.

En su propuesta, los socialistas reclaman una paralización de todas las ejecuciones hipotecarias --independientemente del punto en que se encuentren-- durante tres años y sin acumulación de intereses de demora, para todas las familias en situación de sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso que tengan una renta familiar inferior a tres veces el IPREM y cuya hipoteca sobre la vivienda habitual supere el 50% de sus ingresos netos.

Y es que el PSOE considera que los requisitos impuestos en el decreto del Ejecutivo son demasiado restrictivos y únicamente retrasan o incluso agravan el problema de estas familias, ya que se paraliza el lanzamiento cuando ya se ha perdido la vivienda y además se continúan acumulando los intereses de demora.

Por otra parte, el texto alternativo incluye también la exigencia de que el Código de Buenas Prácticas aprobado hace casi un año sea permanente y obligatorio para todas las entidades financieras, y no sólo las participadas por el FROB, con el objetivo de que las personas que hayan perdido su vivienda puedan renegociar y reestructurar sus deudas.

Con respecto al fondo social de viviendas, los socialistas reclaman que se destinen al mismo todas las viviendas controladas por el FROB, las que se transfieran al 'banco malo' y las gestionadas por las administraciones públicas.

IU-ICV: MORATORIA UNIVERSAL

Por su parte, la Izquierda Plural reclama una moratoria "universal e indefinida" de las ejecuciones --independientemente de la fase en que se encuentren-- a petición del deudor con insolvencia sobrevenida o de las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales, siempre que se trate de la vivienda habitual y no se disponga de otra donde residir, sin otros requisitos económicos o familiares adicionales.

La moratoria conllevará una suspensión del devengo de intereses y se mantendrá "mientras no se acuerde la dación en pago o un procedimiento de liquidación ordenada" de las deudas --quita o refinanciación ajustada a las posibilidades del deudor--, acompañándose de la puesta a disposición de la familia de una vivienda digna adecuada a sus posibilidades durante al menos cinco años.

En la misma línea, se propone ampliar la moratoria de los desahucios de vivienda urbana en régimen de alquiler en situaciones similares y que se aceleren los términos de realojamiento, además de sugerir la creación de un fondo de pago de rentas para que los arrendadores no se vean perjudicados.

Además, se reclama que el Fondo de Alquiler incluya todas las viviendas de titularidad pública que estén vacías, de entidades financieras nacionalizadas o participadas por el FROB y del 'banco malo'. Este fondo, que será de titularidad estatal pero que gestionarán las comunidades autónomas, deberá ofrecer viviendas en alquiler a precio protegido no superior al 30% de los ingresos mensuales de los beneficiarios durante al menos cinco años.

IU-ICV pide por último que el arbitraje judicial y la mediación sea obligatoria en cualquier proceso de ejecución, que el deudor pueda elegir libremente qué opción de las previstas en el Código de Buenas Prácticas se le aplican, y que se supriman los condicionantes y limitaciones familiares o económicas para fijar el umbral de exclusión.

BNG: CAMBIOS LEGALES PROFUNDOS

Por su parte, la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama cambios legales profundos ante una normativa procesal, hipotecaria y civil que "impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera acreedora a que les sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a una vivienda digna de personas cuyo incumplimiento de la obligación de pago viene motivada por causas ajenas a su voluntad".

En concreto, los nacionalistas gallegos proponen que en los casos de deudores de buena fe que vean en riesgo su vivienda habitual puedan optar a la dación en pago, "de forma que la pérdida de valor de los inmuebles sea asumida también por parte de la entidad". Además, reclaman procesos de negociación de las ejecuciones que conduzcan a una moratoria en los pagos acomodándolos a la situación del deudor, la transformación de la hipoteca en un alquiler con opción a compra o la condonación parcial de la deuda.

El BNG pide también cambios en el Código Civil y la Ley Hipotecaria para que pactos voluntarios o normas legales puedan alterar el principio de responsabilidad ilimitada del deudor, de forma que no se vea abocado a la ruina; así como modificaciones de la Ley Concursal para que puedan acogerse a ella personas físicas.

Todos estos cambios deben extenderse a los préstamos hipotecarios en trámite de ejecución anterior a la aprobación de la norma.

INICIAR LAS NEGOCIACIONES EN ENERO

El PSOE quiere que el debate de estas enmiendas de totalidad se celebre ya este mes de enero, aprovechando la sesión plenaria que deberá tener lugar para convalidar los decretos ley aprobados por el último Consejo de Ministros de 2012. Además, también han pedido al presidente del Congreso, Jesús Posada, que convoque con urgencia la Diputación Permanente a fin de poder acordar la celebración de las sesiones extraordinarias necesarias para albergar las comparecencias y negociaciones sobre este proyecto de ley.

Y es que los 'populares' aceptaron tras la convalidación del decreto citar a comparecer a responsables de entidades financieras y asociaciones de afectados por los desahucios, si bien no se cerró ninguna fecha. Los socialistas pretenden aprovechar enero para realizar estas comparecencias de cara a incluir sus propuestas en las enmiendas parciales al proyecto, que deberán ser presentadas antes del 5 de febrero.

Además, durante estas negociaciones los socialistas pondrán sobre la mesa otras ideas con una visión de largo plazo como las que incluyeron en su proposición de ley sobre Desahucios, relativas a la modificación de la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento, en particular en lo relativo a los intereses de demora o al precio de adjudicación.

También la Izquierda Plural cree que este proyecto de ley supone una "solución transitoria" a este "grave drama social", con la que ganar tiempo en tanto en cuanto no se aborden otras reformas de mayor calado, entre las que reclaman la dación en pago con carácter retroactivo o el derecho a disponer de una vivienda digna.

Tras el debate de las enmiendas de totalidad, que serán rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP. Entonces, la Comisión de Economía contará con competencia legislativa plena para terminar de tramitar el proyecto de ley.

El proceso coincidirá con el plazo máximo concedido a los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre desahucios para presentar el medio millón de firmas necesarias para avalar su propuesta, que vencerá el próximo 6 de febrero.

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