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Por qué los pisos turísticos han perdido su gancho

El turismo, sector que más riqueza aporta a la economía española, debe hacer frente a numerosos desafíos, siendo los pisos turísticos uno de los más polémicos y complejos. Por primera vez desde hace una década, la demanda de viviendas turísticas está en declive, y las causas apuntan a la aplicación de nueva normativa por parte de los ayuntamientos y a la concienciación de los ciudadanos.

Los pisos turísticos empezaron a ‘ponerse de moda’ con el auge de plataformas digitales para encontrar alojamiento, incluidas las redes sociales. Empresas como Airbnb o HomeAway ofrecen alojamiento en miles de ciudades por todo el mundo, a un precio menor que muchos hoteles y con la ventaja de contar con un trato personalizado por parte del anfitrión. Así, el alquiler de pisos o habitaciones por días se ha convertido en uno de los negocios más rentables de los últimos tiempos. Airbnb, por ejemplo, garantizó alojamiento a más de 300 millones de personas en 2018.

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Plaza de Chueca en Madrid, donde han proliferado los pisos para turistas. Foto: Getty Images.

El problema está en que muchos pisos turísticos no están registrados como tal, sino que se alquilan a individuos o familias que, a su vez, vuelven a ponerlos en alquiler en plataformas online para su propio beneficio. Aunque Airbnb exige la firma un contrato con el huésped en el que figure que la persona que publica el anuncio es la propietaria de la vivienda, esta norma se pasa por alto en muchas ocasiones, lo que ha provocado la proliferación de los pisos turísticos ilegales en ciudades de todo el mundo. En muchas ocasiones, la oferta de pisos ilegales supera a los registrados. Por ejemplo, se estima que en Buenos Aires hay casi 28.000 pisos irregulares, y tan solo unos 400 funcionan con licencia.

En España, donde el panorama es muy similar, los pisos turísticos ilegales están, poco a poco, descendiendo. El último informe sobre perspectivas Turísticas de Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística) refleja que este tipo de alojamientos ha pasado de 430.350 en el 2018 a un total de 413.033 a cierre del 2019, un descenso de más de 17.000, en el conjunto de las 22 ciudades más turísticas de España. Además de la nueva normativa desarrollada por los ayuntamientos, la concienciación ciudadana y la movilización también ha tenido un papel importante para la reducción de esta cifra.

Competencia desleal frente al sector hotelero

En muchas ocasiones, lo más rentable para el inquilino es ‘trocear’ el apartamento y alquilarlo por habitaciones a distintos interesados. Además, no siempre utilizan Airbnb, sino que cuelgan anuncios en otras plataformas más discretas, en redes sociales como Facebook o, simplemente, lo difunden a través amigos y conocidos, dificultando la tarea de detectar este uso ilegal.

El propietario del piso puede no estar enterado de esta situación en muchas ocasiones, pero en otras sí, y hacer la vista gorda. A veces, por necesidad, puesto que el dinero del alquiler puede resultarle imprescindible para el pago de su hipoteca o sus deudas. El arrendador no es el único perjudicado, sino que la comunidad entera se ve afectada. Los turistas pueden causar molestias, además de daños en el mobiliario comunitario, pero no se hacen responsables ante los desperfectos. Son los vecinos los que tienen que pagar por los daños causados, pudiendo referirse al propietario de la vivienda como culpable de la situación. En este caso, la Comunidad de Propietarios donde exista un piso turístico puede impedir que se realice esta actividad, siempre y cuando dicha prohibición venga recogida en los estatutos.

Los ayuntamientos, por otro lado, han decido tomar cartas en el asunto: un total de 365 edificios y 6.363 viviendas fueron inspeccionadas en Madrid entre junio y octubre del año pasado, y se ha comprobado que 1.202 pisos eran de uso turístico, de los cuales 358 fueron cesados efectivamente. En Barcelona, la decisión de Ada Colau para prohibir este tipo de alojamientos en el centro de la ciudad ha provocado un descenso de la demanda de hasta un 11%. En Baleares, la Ley Turística de 2017 ha conseguido hacer descender la oferta en un 53% en los dos últimos años. Sin embargo, es imprescindible que estas medidas se acompañen de campañas de sensibilización y concienciación, tanto para los visitantes como para los residentes.

Exceltur, reconoce que, pese a las legislaciones locales y a los cambios introducidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos, el cumplimiento de las normativas es hoy complejo y la capacidad de los inspectores, insuficiente. Por tanto, piden al gobierno de coalición que haga “corresponsables a las plataformas online para que sólo suban a sus webs y comercialicen la oferta que cumple con las normativas turísticas y urbanísticas vigentes.’’, para hacer frente a un problema global que requiere esfuerzos conjuntos.

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