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Cobrar la pensión durante años de familiares fallecidos, más común de lo que piensas

Jaime Quirós.- Un matrimonio de A Coruña ha sido condenado a casi cuatro años de prisión por fraude contra la Seguridad Social y falsedad documental. Llevaban nada más y nada menos que 24 años cobrando la pensión del padre de la mujer, que había fallecido a principios de los 90. La estafa fue descubierta en 2014, cuando los acusados intentaron renovar una serie de papeles por un nuevo periodo de tiempo. No es el primer caso que se detecta en España, y seguramente tampoco sea el último. ¿Es tan sencillo cometer este tipo de fraude?

En 2017 se investigaron a más de 60 personas en toda España por casos de fraude a la Seguridad Social en los que la cifra total defraudada casi alcanzaba los dos millones de euros. El patrón se repite: familiares, principalmente hijos, hermanos o sobrinos, que siguen cobrando pensiones de sus parientes cuando estos ya han fallecido.

Dentro de las justificaciones que dan los infractores, la más común es el hecho de no saber que no podían seguir cobrando la retribución. Aunque hay casos tan curiosos como el de la mujer que asegura no haber asumido la muerte de su madre, por lo que cree que debe seguir cobrando su pensión.

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Dos jubilados sentados en un banco al sol en Briviesca, localidad de Burgos, en octubre de 2013. (AFP/Archivos | César Manso)

Precisamente ahora que el Gobierno pone en cuestión el futuro de las pensiones y que los pensionistas toman la calle semana tras semana reivindicando unas pensiones dignas, llama la atención cómo en la mayoría de los fraudes se trata de cobros por periodos de tiempo bastante elevados, en muchos casos superiores a los 10 o 20 años. Incluso alcanza los 30 años en los más llamativos.

Entre estos encontramos una hija que cobró durante 31 años la pensión de su madre, falsificando su firma en múltiples ocasiones y autorizándose a sí misma a acceder a la cuenta bancaria de la difunta. Todo un logro.

Las investigaciones reflejan que estos delitos son frecuentes y que suponen un problema en España. Cuando se detecta el fraude, se toman medidas legales que van desde el embargo de propiedades hasta penas de cárcel, aunque se han dado casos en los que hasta los defraudadores han fallecido ya. La maquinaria de la Administración es lenta también en esto.

Los casos se repiten periódicamente a lo largo y ancho del país y no siempre es fácil para la Administración recuperar el dinero y cobrar la sanción impuesta a los culpables. Parece bastante evidente que el sistema de control que la Seguridad Social lleva sobre pensiones públicas y las condiciones para seguir cobrándolas no funciona. Llegados a este punto, habría que plantearse la conveniencia de cambiar el sistema, establecer un mecanismo de alertas tempranas o asegurarse de que quien cobra la pensión sigue vivo.

Si en la empresa privada se produjeran este tipo de fraudes de forma reiterada, con la realización de pagos periódicos durante años y sin prácticamente ningún tipo de control, pronto se pondría remedio porque el negocio iría a pique. Cuando el dinero es de todos, también hay que ponerle remedio. Y hay que hacerlo de forma urgente y ejemplar.

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