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Pedro Sánchez anuncia que cambiará la ley para cargar a los bancos el impuesto hipotecario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa EFE

Era cuestión de horas que la decisión del Tribunal Supremo tomara un nuevo giro de 180 grados. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que será la banca y no el cliente el que deberá pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, pese al fallo del Tribunal Supremo. Lo hará este jueves aprobando en el Consejo de Ministros una modificación del real decreto ley y proponiendo enviar a las Cortes la creación de una autoridad independiente que “refuerce los derechos de los consumidores en el sector financiero”.

“La compra de una vivienda debe contar con seguridad jurídica. Por ello, les anuncio la decisión que tomaremos mañana en el Consejo de Ministros, que será que nunca más los españoles paguen este impuesto, y que lo haga la banca. Con ello quedará claro y de forma definitiva que el pago corresponderá a los bancos y nunca más a los ciudadanos de a pie”. Sánchez ha anunciado que la reforma se aplicará desde la entrada en vigor de la ley.

Sobre el apoyo de Podemos, Pedro Sánchez cree que “cada partido político es libre de hacer la oposición que considere; esperamos que cuando el decreto llegue a la Cámara cuente con el apoyo de esta, también de Unidos Podemos”.

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Preguntado sobre si los bancos repercutirán el impuesto a los clientes, el Presidente espera que no. “Estamos dentro de la UE, y ahí están también los tipos que ofertan otros bancos. Pero también se abre un debate de si puede haber cláusulas abusivas. En ese sentido apelo a la responsabilidad del sector financiero”. Sánchez ha aprovechado a su vez para lanzar un aviso al Supremo: “El tribunal tiene que reflexionar sobre estas dos semanas que han tenido en vilo a la banca y a los ciudadanos. Ningún poder debe quedar fuera de la autocrítica”.

Pedro Sánchez tendrá mayoría para sacar la ley adelante

El Gobierno tendrá mayoría absoluta en el Pleno del Congreso para convalidar el real decreto que garantiza que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) lo pagará la banca y no el cliente, ya que tiene asegurados los votos favorables del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y PDeCAT, entre otros.

El Decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros modificará la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para que el impuesto de AJD vinculado al préstamo hipotecario sea abonado por el banco.

La modificación de la Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, aunque posteriormente deba ser convalidado en el Pleno del Congreso e incluso pueda ser tramitado como proyecto de Ley para ser modificado vía enmiendas.

El Ejecutivo cuenta ya con el apoyo de al menos 194 diputados, mayoría absoluta para sacarlo adelante, ya que tanto Unidos Podemos como Ciudadanos han avanzado que lo apoyarán así como el PDeCAT, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias.

No obstante, queda pendiente la decisión del PP, ya que aunque su líder, Pablo Casado, ha defendido la idea de suprimir totalmente este tributo, ha señalado que esperará a leer el decreto ley para confirmar que su partido rechaza su convalidación.

PNV, ERC y Compromís todavía no han confirmado si apoyarán la convalidación, aunque los republicanos catalanes han defendido en los últimos días que este impuesto lo pague la banca.

Aunque se trata de un impuesto cedido a las comunidades autónomas para su recaudación, el cambio en la Ley no afectaría a Euskadi y Navarra, ya que en sus regímenes forales tienen su propia ley que, en el caso de Navarra, dicta que el tributo lo pague el cliente.

En este sentido ni PNV ni UPN se han posicionado pese a que el diputado navarro, Íñigo Alli, ha señalado a EFE que la “música” del Real Decreto “suena bien”, aunque ha advertido de que al día siguiente de la convalidación “los bancos ya tendrán preparados sus sistemas operativos para repercutir el coste en los clientes”.

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, y el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, también han indicado que convalidarán el texto a expensas de leer detenidamente los detalles, mientras el PDeCAT ha advertido de que se queda “corto”, pero que lo apoyará.

EH Bildu parece inclinarse por la convalidación aunque la diputada Marian Beitialarrangoitia ha lamentado que el Gobierno actúe en favor de los consumidores “a regañadientes, tarde y mal, para cambiar lo mínimo posible”.

El diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral ha avanzado en rueda de prensa en el Congreso que “obviamente no vamos a dejar de apoyar el Real Decreto si plantea claramente que sean los bancos los que deben pagar”, pero ha avisado de que es insuficiente y de que el Gobierno debe impulsar una nueva Ley Hipotecaria que dé por nulas las cláusulas abusivas y proteja más al deudor.

“Que miren la Ley Hipotecaria porque ahí se juegan los intereses de la mayoría de los consumidores hipotecarios“, ha aseverado al tiempo que ha recordado que si no se implementan las sentencias de los tribunales europeos podrían activarse miles de procedimientos judiciales de desahucios que ahora están paralizados.

Mayoral ha urgido a que la ponencia de la Ley Hipotecaria, que volverá a reunirse la próxima semana en el Congreso, recoja la prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional para los colectivos vulnerables y establezca la obligatoriedad de la dación en pago.

Tira y afloja continuo

Tras casi 16 horas de deliberaciones y un agrio debate, por 15 votos contra 13, el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo acordó desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario. Los detalles del fallo se conocerán en los próximos días.

Las asociaciones de consumidores y abogados se apresuraron a criticar con dureza el fallo, y mientras Facua acusaba al sector financiero de difundir mensajes “engañosos y alarmistas” para no tener que asumir el impuesto, Adicae calificaba la decisión de “anómala y extraña”, y avanzaba su intención de impugnarla “en España y en Europa”.

Sobre la posibilidad de los hipotecados de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado como fórmula para intentar recuperar el dinero pagado en el pasado por este gravamen, Sánchez ha concluido que desconoce “si tienen capacidad o no” al tratarse de un tema fuera de su competencia.

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