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Otro plan de Montoro fracasado: quería menos ayuntamientos y ahora hay más

Jaime Quirós – Hace ya más de cuatro años que se aprobó la reforma de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, que buscaba evitar duplicidades con otras Administraciones, racionalizar la estructura de la Administración Local, mejorar el control financiero y presupuestario y favorecer la actividad económica local, corrigiendo el minifundismo de los ayuntamientos. A día de hoy, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que ha sido todo un fracaso: tenemos más ayuntamientos que antes de la crisis.

Actualmente España cuenta con 8.124 ayuntamientos, de los cuales el 84% tiene menos de 5.000 habitantes empadronados, un dato que hace que sean prácticamente insostenibles desde un punto de vista económico.

[También de interés: Las medias verdades en la bajada del IRPF que promete Montoro”]

<span>El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro</span>, en el Congreso de los Diputados. REUTERS/Paul Hanna
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, en el Congreso de los Diputados. REUTERS/Paul Hanna

Los dos objetivos principales de la reforma eran endurecer los requisitos a la hora de crear nuevos municipios, siendo necesario un mínimo de 5.000 habitantes para establecer uno nuevo, y paralelamente aprobar medidas que fomentasen la fusión de municipios entre sí. Todo ello para evitar las duplicidades en las competencias y cumplir la premisa ‘una Administración, una competencia’.

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La ley, que ya tuvo mucha controversia en el momento de su aprobación, sigue dando que hablar a la vista de su ineficiencia. Desde su puesta en marcha, las Comunidades Autónomas estuvieron muy ágiles para evitar su aplicación e incluso se dudó de su constitucionalidad y de su eficacia. Con estos argumentos evitaron que afectara a numerosos municipios. Estos aspectos han salido a la luz a través de Reala, una revista editada precisamente por el propio Ministerio de Hacienda.

Uno de los puntos de la controversia está en la fusión de ayuntamientos que fomentaba la ley propuesta por Montoro. En los años 60 ya se habían ofrecido incentivos para fusiones de este tipo, pero la mayoría resultaron fallidas porque la integración de municipios no acababa de funcionar. Viendo el historial, la última modificación de la ley aclara que las fusiones que se construyan no podrán segregarse hasta pasados diez años. No se han separado, pero seguramente aquí esté también la respuesta a por qué no se han unido algunos ayuntamientos como podría haber ocurrido.

Es cierto que la limitación de 5.000 habitantes para un nuevo municipio puede resultar efectiva, pero la realidad es que existe un elevadísimo número de ayuntamientos con menos incluso de 1.000 habitantes que siguen en funcionamiento. Por ejemplo, en la provincia de Soria -una de las más deshabitadas del país- el 94% de los municipios tienen menos de 1.000 habitantes censados, y en Burgos y Ávila la cifra es superior al 92%. Y a la vista está que, con los requisitos impuestos por la ley, la fusión no va a tener seguimiento. El Ministerio de Hacienda, con el mediático Montoro a la cabeza, ha visto cómo la ley de la que tanto esperaban se ha quedado en ‘fuera de juego’.

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