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La oposición de Nicaragua rechaza reformas a Ley Electoral y a nuevos árbitros

Agencia EFE
·3 min de lectura

Managua, 4 may (EFE).- La oposición de Nicaragua expresó este martes su rechazo las reformas a la Ley Electoral y a los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, elegidos con los votos sandinistas y de sus aliados en la Asamblea Nacional y que, según los disidentes, darán al presidente Daniel Ortega ventajas para lograr la reelección.

Los opositores rechazaron las votaciones que establecieron una Ley Electoral actualizada, que, según denuncian, anula la observación electoral para dar paso a la figura del "acompañamiento", inhibe a candidatos que aplaudan las sanciones internacionales contra el presidente Ortega y sus allegados, limita la financiación electoral y restringe derechos constitucionales.

También expresaron su inconformidad con que los nuevos magistrados electorales, elegidos en la Asamblea Nacional, pertenezcan al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), lo que han señalado como condicionantes para un posible "fraude electoral".

Una de las primeras disidentes en expresar su rechazo a las reformas y a los jueces electorales fue la escritora Gioconda Belli, quien calificó el suceso como "deprimente".

"Deprimente, cada día (que) nos toca ver el poder ORMU (Ortega Murillo) usando la aplanadora del fraude para atornillarse a una presidencia usurpada (por) reelección inconstitucional y ahora sobre la voluntad de las mayorías. El pueblo ha perdido la soberanía; el país es finca familiar otra vez", dijo en un tuit Belli, que perteneció al FSLN durante el primer régimen (1979-1990) y del que ahora está distanciada.

RUMBO OPUESTO A OEA

En octubre pasado la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) había solicitado a Nicaragua crear condiciones a más tardar en mayo de 2021 para unas elecciones "creíbles", sin embargo, las reformas, que siguieron el camino contrario, podrían agravar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018.

"Con esta situación que ha materializado el régimen Ortega Murillo, contraria a la voluntad popular, se manifiesta que el fraude electoral se ha institucionalizado y legalizado en las disposiciones de la Ley Electoral y, además, denota la nula voluntad del grupo en el poder de resolver la crisis por los cauces constitucionales", indicó la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.

"Es grave para Nicaragua que, llevado por su temor al voto ciudadano, el régimen haya perdido la oportunidad de elegir magistrados electorales capaces de devolver la credibilidad al Poder Electoral, y más grave aún es que las reformas electorales en proceso de aprobación aumenten los márgenes de discrecionalidad de esos magistrados", señaló la también opositora Alianza Ciudadana.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) destacó que en Nicaragua están "ante la más brutal represión y violación de los derechos humanos, a la vez que resulta una muestra de total desprecio a los llamados de la comunidad internacional (sobre) el deber de protección a los pueblos frente a los atropellos de gobiernos dictatoriales".

Condenó además que la posición del Poder Legislativo "atropella los derechos constitucionales y consolida las estructuras para continuar con la carrera de fraudes electorales que ha caracterizado al régimen Ortega Murillo".

La Cámara de Industrias de Nicaragua también expresó su rechazo total a la reforma electoral "por considerar que mantiene un propósito inhibidor, restrictivo y represivo, que no contribuye al desarrollo mínimo de unas elecciones nacionales libres, justas y transparentes".

Los nicaragüenses están citados el 7 de noviembre próximo a las urnas, en unas elecciones en las que Ortega podría extender o ver cortados sus 42 años de dominio casi total sobre la política del país.

(c) Agencia EFE