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Cuando ni un salario garantiza salir de la pobreza en España

Jaime Quirós

El pasado mes de enero entró en vigor la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Un incremento del 22% que supuso el mayor de la historia de nuestro país. El sueldo mínimo pasó a ser de 900 euros mensuales por una jornada laboral de 40 horas semanales. Este alza fue celebrada por el gobierno, los sindicatos y la población en general. Sin embargo, pronto aparecieron voces que manifestaron su disconformidad ante la nueva ley. El organismo más relevante fue el Banco de España que, en voz de su gobernador, Pablo Hernández de Cos, señaló que esta subida traería consigo la destrucción de empleo. La CEOE, la patronal de los empresarios, manifestó que la medida podría tener efectos negativos en la negociación colectiva y que, por tanto, cuestionaría el dialogo social.

Ahora, apenas 8 meses después, el observatorio social de La Caixa da un paso más. Ha publicado un informe elaborado por economistas expertos en el que señalan algunas medidas para reforzar el bienestar social, y una de ellas es la creación de una renta mínima universal. Esto consiste en la creación de un crédito fiscal universal, un dinero básico que sirva para cubrir las necesidades más primarias y que permita vivir a cualquier ciudadano de una manera digna.

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Foto: Getty
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El exministro socialista y economista Jordi Sevilla señala como uno de los baremos para fijar esta renta el mínimo vital ya definido en el IRPF. Otros expertos hablan de que esa renta se podría fijar en el umbral de la pobreza, pero sin bajar ni un céntimo.

Otra opción mencionada es la renta básica incondicional, una cuantía económica que recibirían todos los ciudadanos del país independientemente de su condición social y laboral, incluidos los menores de 18 años, eso sí con diferentes baremos dependiendo del grupo social. Los complementos salariales son la última opción que se menciona. Es una posibilidad que está en estudio en países como EE. UU. y Reino Unido.

Primeras pruebas

Hay países que lo han intentado. Por ejemplo, Finlandia realizó una especie de proyecto piloto que consiguió una gran relevancia internacional. Eligió a 2.000 personas y les concedió 560 euros mensuales, fueran trabajadores, jubilados o parados. Según explicaron, el hecho de tener esta renta no influyó ni positiva ni negativamente a la hora de encontrar un trabajo, pero sí en el bienestar personal, ya que eliminaron el estrés y mejoraron su salud.

En España, durante los años de la crisis económica, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se gestó un nuevo concepto: los trabajadores pobres, personas que aun manteniendo su puesto de trabajo no consiguen llegar a fin de mes. La destrucción de empleo dio lugar, a su vez, a una bajada elevada y generalizada de los salarios y a una subida progresiva del precio de la vida (vivienda, ocio, etc.) sin que se repercutiera en la nómina. El precio de la vida ha subido y la calidad de vida de muchos ha bajado. Hay informes que hablan de que en España la pobreza infantil es una realidad, sin mencionar los desahucios o las personas que no pueden pagar el recibo de la luz.

Algunos gobiernos autonómicos han tomado medidas. En Barcelona, Ada Colau aseguró que no se ejecutarían cortes de luz, Manuela Carmena trató de impedir los desalojos, el Gobierno central ha subido el SMI y algunos grupos hablan de que se debería acometer un aumento gradual del mismo.

El SMI ya le costó un disgusto al Gobierno ya que no todos los partidos ni instituciones estaban a favor. Pero si el aumento del sueldo por un trabajo es objeto de controversia, en España, fijar una renta sin trabajar se antoja bastante complicado.

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